En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores, negó que se trate de un intento privatizador.
“No se puede privatizar, en primer lugar, porque el tema en la propia ley se ha catalogado como un tema de seguridad nacional”, afirmó.
Sin embargo, hay voces que apuntan que esa es la intención de la nueva legislación.
Cabe recordar que en febrero de 2012 entraron en vigor las reformas constitucionales con las que se reconoce el derecho humano al agua, en las que también se estableció la obligación para que el Congreso de la Unión emita una Ley General de Aguas.
El documento aprobado en comisiones establece la participación de la federación, estados, Distrito Federal, municipios y ciudadanía, para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales.
Considera que la correcta administración de las aguas nacionales es indispensable para el debido cumplimiento al derecho humano a este líquido.
Reconoce que México enfrenta una situación hídrica compleja y crítica, que requiere de la adecuada coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la decidida y más vigorosa participación de la ciudadanía, para garantizar el derecho humano al agua a las presentes y futuras generaciones.
Se afirma que en los últimos años, en México, la disponibilidad per cápita ha ido disminuyendo, derivado, entre otros aspectos, de factores socioeconómicos y climatológicos, como la concentración de la población en localidades urbanas y la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, como la sequía.
Esta situación ha obligado al Estado mexicano a implementar medidas drásticas, como el trasvase de una cuenca o acuífero a otro, por sí o con la participación del sector privado, que le permitan satisfacer la demanda de agua, por lo que se propone regular su autorización y modalidades.
Se pretende que los tres órdenes de gobierno ejerzan sus atribuciones, con el fin de garantizar el derecho humano al agua, sin comprometer su sustentabilidad, ni frenar el desarrollo económico, por lo que esta ley propone incorporar mecanismos de coordinación, concertación y de intensa participación social y privada.
Además, que las entidades federativas tengan la atribución de crear o perfeccionar un órgano, entidad o dependencia gubernamental que, entre otros aspectos, regule, vigile y supervise la prestación de esos servicios, con la finalidad de garantizar su oportunidad, calidad y eficiencia.
Rodrigo Gutiérrez, doctor en derecho de la UNAM, asegura que es “verdaderamente grave” lo aprobado.
Indicó que la ley señala que el titular del derecho al agua serán asentamientos legalmente establecidos, por lo que “esta ley se lo otorga a asentamientos humanos… lo que quieren es privatizar el agua, hacer negocio con el agua”.
Apunta que desde la propia exposición de motivos, la ley señala que habrá una “intensa participación privada”, y otorga la posibilidad de que poderes privados se puedan hacer cargo de trasvases.
Además, expuso, la legislación establece que el agua tiene un valor económico.
Y sostuvo que se trata de una ley orientada a permitir una entrada “muy agresiva del poder privado en la gestión y control del agua”.
Diputada Aleida Alavez (VÍDEO)
2º VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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