A Hinojosa Cantú, más de 60 mil millones en contratos

Durante los dos primeros dos años del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo y “corredor inmobiliario” del presidente, casi ha quintuplicado las millonarias sumas que obtuvo anualmente de la administración peñanietista en el Estado de México. Este es el cálculo de un diputado federal, cuyo equipo de investigación ha sido amenazado, asaltado, golpeado y vigilado por desconocidos, mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados les impide acceder a la información sobre la mayor parte de los contratos implicados hasta ahora, que podrían rebasar los 63 mil millones de pesos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los contratos millonarios que Juan Armando Hinojosa Cantú recibió de Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México se convirtieron en un juego de principiantes ante los alcanzados en los dos primeros años de su amigo en la Presidencia de la República.

Hinojosa Cantú, quien además de proveedor gubernamental ha servido a Peña Nieto de corredor inmobiliario, al igual que a otros miembros del gabinete, obtuvo durante los seis años de administración peñanietista en el Edomex alrededor de 35 mil 668 millones de pesos. Ahora, en sólo dos años, ha alcanzado la estratosférica cifra de 54 mil millones 802 millones de pesos.

Los datos son producto de las búsquedas en Transparencia y las páginas  de Compranet del gobierno federal, así como en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, realizadas por el equipo de trabajo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal del Movimiento de Renovación Nacional.

Cuando Aristegui Noticias reveló la existencia de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, de Angélica Rivera –información que fue publicada por Proceso 1984–,  el legislador recabó las firmas de 197 diputados de PAN, PRD, PT, MC y Morena para exigir la creación de una comisión “investigadora” de los contratos suscritos con organismos descentralizados (OD) y empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM), al igual que con el grupo de compañía de Juan Armando Hinojosa Cantú.

La petición, oficialmente, se mandó al limbo jurídico, pero Huerta inició la indagación por su cuenta, y en el camino sus colaboradores fueron asaltados, golpeados y vigilados por desconocidos el 23 de febrero. “Lo curioso es que sólo les robaron los documentos relacionados con este tema”, comenta el diputado a Proceso.

La falta de resolución por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que encabeza el priista Manlio Fabio Beltrones llevó al legislador a solicitar amparo por habérsele negado el derecho de minoría que prevé la Constitución.

La primera semana de febrero, la Jucopo determinó que no se podía investigar a particulares, por lo que dio carpetazo al asunto; el diputado Huerta, acompañado de los legisladores Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, pidieron amparo ante el juez de Distrito en Materia Administrativa el pasado 12 de febrero contra actos de la junta encabezada por Beltrones.

El reclamo es que la Jucopo violó el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados (…) tienen facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2002, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.