El ahora exreo purgaba sentencia de 50 años en prisión por el delito de homicidio en agravio de su hermana Patricia y de su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba. Sólo había cumplido 23 años.
Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación inmediata al comprobar que fue torturado para inculparse del doble homicidio cometido en 1992.
En un comunicado, la organización reconoció que el fallo de la Corte refrenda su compromiso con la protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de la tortura.
Alfonso Martín del Campo fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Años más tarde, un agente de la policía confesó haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que fue torturado.
“En el derecho internacional de los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
De acuerdo con la organización, el caso de Alfonso Martín del Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura.
La excarcelación de Martín del Campo no fue recibida por su sobrina María Fernanda Zamudio. En declaraciones a Radio Fórmula, la joven que presenció el crimen cuando tenía cuatro años de edad lamentó la decisión del tribunal.
“Estoy profundamente triste al ver cómo en este país, aunque hayamos metido muchas pruebas, aunque hicimos muchísimas cosas, no obtuvimos justicia, mis padres quedaron totalmente sin justicia en este país, es muy lamentable que no exista”, dijo.
Añadió que “nosotros en el proceso de reconocimiento de inocencia, metimos tres dictámenes, dos de la Procuraduría General de la República (PGR) y uno de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde concluía que no había tortura y no lo tomaron en cuenta”.
Incluso, subrayó que el documento que tomaron para sostener la tortura fue uno hecho por una organización que lo defendió.
“Entonces un dictamen que su propia defensa aporta, obviamente va a decir que hay tortura y es increíble que no hayan tomado en cuenta lo que nosotros metimos, que sí están en el reconocimiento de inocencia”, indicó María Fernanda.
Y concluyó: “Me da mucha tristeza ver como el crimen de mis padres ha quedado impune”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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