Ningún buen medio de comunicación sobrevive con credibilidad y prestigio sin un grupo de reporteras y reporteros profesionales, éticos, capaces de jugarse la vida a ratos y de arriesgarse a los cada vez más notables y sistemáticos ataques vengativos de gobernadores, alcaldes, policías y personajes públicos que tienen el dinero para crear ciberdesacreditadores, periódicos y revistas estilo pasquín hechos a modo para la defensa a ultranza de los poderes fácticos y de los pactos de corrupción que tienen a nuestro país arrodillado ante la violencia y desánimo que las corruptelas generan en todos los ámbitos políticos y sociales.
En los últimos años hemos presenciado y documentado los daños directos y colaterales de los ataques a la prensa, tanto a medios particulares como a periodistas en lo individual.
Hemos buscado nuevas formas para explicar con claridad el costo emocional, profesional y económico que tiene para una reportera haber sido encarcelada y torturada por órdenes de un gobernador abocado a defender a la delincuencia organizada; o a una reportera amenazada por militares hasta el día en que apareció asesinada en su hogar; o el de un editor que fue secuestrado durante 60 horas para torturarlo psicológicamente y luego soltarlo lleno de miedo, advertido por los criminales de que su vida y los textos del periódico ya no le pertenecen a él sino al líder del cártel.
Paralelamente hemos documentado con nombres, apellidos y cifras comprobables que por cada periodista perseguida, amenazado, hay una decena que renuncia o se somete,se prostituye por miedo al peligro potencial o simplemente porque no tenía vocación y ética.
Nada es tan simple como parece, no todos tienen la fortaleza y resiliencia para seguir adelante a pesar del peligro, de la fatiga emocional por vivir bajo espionaje estatal, a pesar de los ataques constantes a integridad, de los intentos por desacreditarles inventando historias sobre una supuesta vida privada. No todos ni todas resisten el miedo a las amenazas contra sus hijos o padres, ni tampoco es fácil soportar las crisis de pareja que derivan de haber elegido una profesión de alto riesgo como el periodismo, en el que sí aplica eso de necesitar tener la lengua larga y la cola corta.
Es claro que los criminales organizados y los políticos que ejercen el poder desde la ideología de la corrupción delictiva, operan con estrategias similares. Ellos han comprendido que deben atacar por cuatro flancos: intentar comprar voluntades y plumas, amenazar con retirar las onerosas cuotas de publicidad gubernamental que sostienen a tantos medios, ofrecer dádivas y amistades simuladas para acercar a periodistas a las mieles putrefactas del poder y, finalmente, orquestar golpes al interior de medios, conseguir despidos por presión política o por amenazas sutiles a cambio de beneficios empresariales que el gobierno controla de manera discrecional.
Por otro lado tenemos a los propietarios: empresarios dedicados principalmente a obtener dinero a través de uno o varios medios de comunicación que se convierten en cotos de poder importante. Esos propietarios una vez instalados en la credibilidad que el raiting les otorga, valoran a sus periodistas en la medida en que suman lectores, televidentes o radioescuchas, porque aunque la buena fama se la ganan las y los individuos, el medio, siendo su altavoz, se convierte en socio victorioso de ese prestigio. Es un ganar-ganar hasta que comienzan las batallas por el poder. Las y los periodistas, conductoras o reporteros que han hecho una carrera propia, de pronto se descubren maniatados por el propietario del medio, que condiciona su libertad, que decide si pueden o no tener Blog y redes sociales o investigar a todos los políticos por igual.
Tal es el caso de Carmen Aristegui y su equipo de reporteros y reporteras, ellas y ellos revivieron a MVS, le atrajeron seguidores, credibilidad, mejoraron sus ventas, rescataron a un medio para que se convirtiera en un ejemplo del servicio informativo a la sociedad amplia. Sólo entonces comenzó la batalla por el poder, por desacreditarla para controlarla, la exigencia de absoluta exclusividad, la estrategia de aislamiento bajo un modelo empresarial que considera a los periodistas su propiedad; obedientes empleados que deben responder a los intereses, a veces transparente y otra veces opacos, de la empresa. Sí, son una empresa, pero no fabrican autos, producen información socialmente útil, de allí que se deban a un código ético diferente porque están inherentemente ligados a los Derechos Humanos y a la libertad de pensamiento como ejes de la democracia ciudadana, protegida por leyes nacionales e internacionales.
Los medios de comunicación no deberían convertirse en cómplices del apartheid informativo que los gobiernos corruptos pretenden establecer para aislar a la sociedad y silenciar el disenso.
En este contexto la indignación por el despido de los reconocidos y respetables reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta (quienes investigaron los casos La Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa y la mansión de Videgaray), responde a la lectura de que hay una represalia por haberse metido con el presidente y su operador principal; lo cuál parece acertado, ya que Eduardo Sánchez ex consejero y abogado de Joaquín Vargas, propietario de MVS, asumió el cargo como Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia de la República. Curiosamente Vargas en este contexto descalificó a Carmen sin llamarla en privado y despidió a los reporteros quedándose con sus discos duros y toda la información de sus investigaciones.
Nadie puede negar que la información y la comunicación se han convertido en fuerzas motoras de la reorganización política y social; ahora más que nunca el poder y la articulación económica dependen del acceso inmediato a información auténtica y diversa. Aun en países como México, con elevados niveles de impunidad, el buen periodismo de investigación pone sobre la mesa elementos para el debate, afecta las dinámicas financieras e incita a la reacción social en defensa de los derechos humanos, de la justicia y la paz; logra que millones de personas se sientan escuchadas y sus preocupaciones validadas.
Al periodismo no le corresponde incitar a la Revolución, pero sí le concierne mostrar los hechos para que la sociedad forme su opinión, incluso para que descubra si está siendo obligada a mirar un mundo monocromático que pretende legitimar un modelo económico y político dominante cuya misión es asegurar la sumisión social, el desánimo paralizante que causa el saber que no tenemos poder contra quienes manejan nuestros recursos, que deciden sobre nuestra seguridad, nuestra vida, nuestro futuro y ponen precio al agua que bebemos.
Los medios en México están en riesgo de facilitar un poder autocrático en el que un pequeño grupo domina el discurso público y descarta toda posibilidad de diversidad discursiva y de análisis, lo cuál impide a las y los ciudadanos tener acceso al poder para la toma de decisiones que la constitución y la democracia les confieren. Es decir, los medios de comunicación que se someten a las reglas del poder político corruptor, terminan por convertirse paradójicamente en censores, en patológicos reproductores de un discurso monolítico que narra solamente lo que conviene a un pequeño grupo de miembros de poderes fácticos cuyo interés no es servir a la sociedad, sino engañarla para seguirse nutriendo del poder. Esos medios traicionan a la sociedad que les otorga su confianza y gracias a la cuál cotizan mejor en la Bolsa de Valores.
El buen periodismo cuesta caro, en un mundo regido por el capitalismo, en que los servicios, la educación, alimentación y la salud no son gratuitos es injusto y ridículo exigir que las y los periodistas profesionales regalen su trabajo, su inteligencia y su tiempo.
Quienes celebran la libertad de los Blogs particulares no comprenden los gastos onerosos que implica mantener un medio independiente con reporteros profesionales, con diseñadoras, editoras y fotógrafos, que contrasta fuentes y paga investigaciones de largo aliento, que implican viajes y cientos de horas invertidas en cada tema.
El periodismo profesional en México es un trabajo de tiempo completo, una forma de vida, y en ocasiones, una misión democratizadora.
Minimizar el aniquilamiento de la libertad de prensa y de la autonomía económica para poder ejercer esta profesión, es hacerse cómplice de un Sistema que busca la opacidad para tener el control absoluto de la decadencia asimilada.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: LYDIA CACHO
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