En un comunicado, las ONG recordaron que la negación de los señalamientos de ONU “es una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que sustenta” el relator.
Tras avalar el informe de Juan Méndez, los activistas consideraron que la posición del gobierno de Peña Nieto “demuestra una clara contradicción entre el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener”.
También recordaron que hace unas semanas la actual administración reaccionó de forma similar frente a la evaluación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que concluyó que ese crimen es “generalizado” en el país.
“Las organizaciones firmantes, consideramos que el Estado mexicano está obligado a modificar esta posición, asumir y reconocer la magnitud del problema respecto de violaciones graves a los derechos humanos, en ese caso la práctica de la tortura generalizada, que ante esta postura el gobierno mexicano, legitima y da fuerza a que esta práctica se siga realizando”, señala el comunicado.
Luego insistieron en que “atacar y negar lo evidente mediante reacciones que poco abonan a la protección de derechos humanos en nuestro país, solamente expresa una actitud de desinterés ante los hechos y consolida una retórica de ‘respeto a los derechos humanos’ que hasta el día de hoy no se traduce en la realidad”.
Por ello urgieron al gobierno de Peña Nieto a “establecer de manera expedita, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, mecanismos efectivos de interlocución que permitan dar cumplimiento integral a las recomendaciones” planteadas por el relator Méndez para combatir la impunidad y erradicar la tortura.
Entre otras organizaciones que se suman al reclamo destacan Amnistía Internacional, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
También se suman al posicionamiento la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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