Peña Recio, cuyo perfil oficial indica que es licenciada en Ciencias de la Educación e integrante de la comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, hizo estas declaraciones al confirmar que en el municipio de Coatzacoalcos se cerró una casa de Apoyo a migrantes centroamericanos.
“Lo primero que hicimos fue cerrar una casa en donde ellos recibían ayuda de otros lados”, señaló la diputada suplente de Joaquín Caballero Rosiñol, que además pidió el cierre de otros lugares como el centro de apoyo para migrantes porque, según ella, “son un peligro para la ciudadanía, (los migrantes) son personas que llegan sin dinero, y están allí saltando” y “haciendo cosas indebidas en la vía pública”.
Asimismo, la representante federal alegó que no es responsabilidad de México atender a las personas que proceden de otros países.
“No es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares, la responsabilidad la tenemos con los ciudadanos que nos dieron la confianza, esa es nuestra obligación”, dijo la diputada, que no obstante recalcó que sí se respetan las garantías de los migrantes, aunque no se les permita estar en los albergues.
“Se les está respetando sus garantías. No los estamos agrediendo, ni nada de eso -enfatizó-. Se les respeta que van de paso y que se les atiende de alguna manera, pero que circulen. No se está permitiendo que se queden ahí ni un día”.
Analizan queja contra la diputada por “discriminación y xenofobia”
Ante estas declaraciones, Karina Arias, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que investigan y trabajan el tema migratorio en México, adelantó que están analizando hacer un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que se sancione a la funcionaria.
“Como red de organizaciones, estamos analizando hacer un exhorto al Conapred. Porque si la declaración de por sí ya es grave, lo es mucho más porque viene de una funcionaria pública”, expuso Karina Arias en entrevista con Animal Político.
Asimismo, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabrinianas para migrantes y refugiados en su sección México, dijo que, como organización civil, también están analizando emitir una queja formal contra la legisladora priista por unas declaraciones que calificó como “lamentables”, y que “demuestran una actitud de xenofobía y de ceguera respecto a las personas migrantes”, y que además “discrimina” a los albergues y a la labor social y humanitaria de los activistas.
En cuanto a las palabras de Patricia Peña, cuando asegura que “no es nuestra responsabilidad las personas que vienen de otros lugares”, la defensora de migrantes recordó que en junio de 2011 se llevó a cabo una reforma en la Constitución Mexicana, a partir de la cual se incluyó el principio ‘pro-personae’ que busca la protección de los derechos de las personas, más allá de su nacionalidad o estancia regular en un país.
“Invitaría a la diputada a que, más allá de retractarse, comprenda cuál es su función como legisladora y como una promotora de la ley en este país. Yo quisiera recordarle que hubo una modificación al Artículo 1º Constitucional, que vuelve a centrar cualquier ley en el derecho pro-persona. Y me parece que esta fijación de decir que su responsabilidad es solo con los nacionales mexicanos, transgrede totalmente ese artículo”, apuntó la activista, que además resalta que Patricia Peña, como diputada federal, “debería ser la primera en vigilar que esté cumpliendo ese artículo y que se esté velando por el derechos de las personas”.
“Deberíamos interrogarnos sobre qué tipo de gente es la que llega a los cargos públicos donde se generan las leyes en México -plantea Gutiérrez-. Porque es muy preocupante que siendo representante federal, esta mujer haga ese tipo de declaraciones”, hace hincapié la directora en México de la Misión Scalabrinianas, que concluye recordando que en Estados Unidos hay miles de migrantes mexicanos que sufren por actitudes xenófobas y de discriminación, como “esa población centroamericana que ella señala como un foco de infección y de perdición”.
Por su parte, Germán Guillermo Ramírez, presidente de la asociación Casa del Migrante Santa Faustina Kowalska, en Coatzacoalcos, rechazó las palabras de la legisladora, y aseguró que no es cierto que todos los migrantes centroamericanos cometan delitos contra la población mexicana.
“La realidad no es esa. Esta señora tiene que ver que hay de todo; que hay gente buena y mala en México y también en Centroamérica, y no podemos generalizar. Los migrantes necesitan que alguien los ayude a llevar un pan a su mesa, así que cada quien piense qué haría si estuviera en lugar de ellos”, señala el activista en conversación telefónica con Animal Político.
“Los migrantes no andan aquí en Coatzacoalcos porque vengan a dar la vuelta y a pasear por México. Ellos cruzan por aquí porque tienen que llevar comida a su casa. Y quienes digan que eso es algo que está mal, y que no se les debe ayudar, que se tienten un poco el corazón“, pidió el activista.
Coatzacoalcos, foco rojo de agresiones a migrantes
Cabe resaltar que Coatzacoalcos es un foco rojo de agresiones a migrantes, a su paso por el estado de Veracruz.
La Casa del Migrante de Saltillo publicó en enero del pasado año 2014 un informe, en el que daba a conocer que el 42% de los casos de cobro de cuotas y extorsiones a migrantes se produjo en Coatzacoalcos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
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