Estos dos funcionarios del municipio de Juxtlahuaca, explicó Karla Michelle Salas –defensora de la Barra de Abogados Democráticos, agrupación que asiste legalmente a los deudos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola–, fueron señalados por testigos directos como miembros del contingente armado que, en abril de 2010, atacó el autobús en el que viajaban miembros de distintos grupos civiles rumbo a San Juan Copala, poblado indígena oficialmente adscrito a Juxtlahuaca, y que vive asolado por distintas organizaciones políticas, agrarias y criminales desde el año 2006, cuando se declaró como “municipio autónomo”, emulando los poblados de la zona zapatista en Chiapas.
“La emboscada de 2010 contra la caravana de grupos civiles que viajaba a San Juan Copala, y en la que iban Bety Cariño y el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola, se atribuye a una agrupación priista denonimada Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui, Ubisort –detalló la abogada–, y de hecho, fue con el líder de esa agrupación, Rufino Juárez, con el que en ese momento se tuvo que negociar para que permitieran el rescate de tres periodistas de la revista Contralínea, quienes viajaban junto con la caravana, y que huyendo de las balas se habían internado en la sierra.”
Rufino Juárez, abundó, fue detenido hace tres años por su participación en otros homicidios, “y actualmente también enfrenta proceso penal por el asesinato de Bety y Jyri, como autor intelectual y material, pero faltaban otras 13 órdenes de aprehensión por cumplir, dos de las cuales finalmente fueron concretadas este año: la primera, el 22 de enero, fue la del regidor de educación de Juxtlahuaca, Elías Cruz Merino, quien, además, es hijo del actual líder de la Ubisort. Y la segunda captura se logró el 19 de febrero, se trata de Faustino Vázquez Martínez, quien fue detenido en su trabajo, en el registro civil de dicho municipio”.
Ambos funcionarios, destacó la abogada, habían sido identificados desde hace dos años como integrantes del grupo que perpetró la emboscada contra la caravana civil, “pero todo ese tiempo las autoridades de Oaxaca se habían negado a detenerlos, incluso, ya con una orden de aprehensión en su contra, habían participado en actos públicos con altos funcionarios de la administración estatal, y no los arrestaron sino hasta ahora”.
–A casi cinco años del ataque, ¿se va avanzando, ahora, en la construcción de la justicia en este caso? –se pregunta a la abogada.
–Estas detenciones son un avance, sí; y también es un avance el que esté por iniciar el juicio contra los responsables que ya están detenidos (la audiencia para el juicio contra Rufino Juárez será el 14 de abril próximo)… Pero las cosas en el terreno no han mejorado: Ubisort sigue manteniendo el control territorial y militar de la zona triqui en Oaxaca y, a la fecha, no hay persona, incluidos agentes del Estado, policías o ministeriales, que puedan ingresar sin autorización previa de los dirigentes de este grupo paramilitar. De hecho, ésta ha sido la justificación que han dado las autoridades para no detener a otro de los implicados, Antonio Cruz, alias El Pájaro. La autoridad dice que no lo puede detener porque se mantiene dentro de la zona y ellos no pueden entrar.
La abogada pone un ejemplo del control de Ubisort en Juxtlahuaca: “Dos días después de que fue detenido Elías Cruz Merino, es decir, el 24 de enero, el hermano de este sujeto, contra el que también hay orden de aprehensión, y otro grupo de paramilitares, se presentaron en las casas de dos testigos, para advertirles que tenían que cambiar su declaración o, de lo contrario, lo pagarían con la vida… estos dos testigos, junto con sus familias, tuvieron que ser extraídos de la comunidad y resguardados en un lugar secreto, para garantizar su seguridad. Y no fue con el apoyo de las autoridades, en Oaxaca no hay un mecanismo de asistencia a testigos en riesgo, así que fue la red de apoyo civil que se ha tejido la que permitió darles a estas personas un lugar seguro dónde permanecer, así como alimentos y asistencia.”
De hecho, debido a las amenazas lanzadas contra estos testigos, debió aplicarse un mecanismo jurídico conocido como “desahogo de prueba anticipada”, que permitió que rindieran su testimonio aún cuando, formalmente, no ha iniciado el juicio contra los detenidos por la emboscada del 24 de abril de 2010.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
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