El Senado desempolvó esta semana, después de más de tres meses de permanecer en el cajón de asuntos pendientes, la propuesta del Ejecutivo para reformar la Constitución.
En el debate se plantea también legislar sobre la desaparición forzada, la tortura y la ley de justicia para adolescentes, temas que fueron propuestos también como parte del decálogo presentado por Enrique Peña Nieto a finales de noviembre pasado.
Los congresistas acordaron incluir en la discusión las propuestas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la iniciativa presidencial, y también la propuesta única que realizarán diversas organizaciones y defensores de derechos humanos.
Todos coinciden en la importancia de la reforma y la oportunidad que representa para cambiar la situación de violencia que vive el país y que tocó su punto máximo con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace seis meses.
Ampliar el concepto de desaparición
En su propuesta que hizo llegar a la Cámara alta, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide a los legisladores que sea ampliado el concepto de desaparición, para incluir a todas las personas de las que se desconozca su paradero y no solo a quienes hayan sido víctimas de desaparición forzada y en la que intervienen autoridades y servidores públicos.
“Se presenta una gran oportunidad para contribuir a remontar esa situación. El reconocimiento del derecho humano a no ser sometido a una desaparición podría tener un efecto desencadenante en un sentido virtuoso”, expone en su propuesta Zeid Ra’ad Al Hussein, a la que tuvo acceso Reporte Índigo.
La Oficina del Alto Comisionado recomienda a los congresistas mexicanos que no solo legislen sobre la desaparición forzada, sino que se redacte sobre el concepto de no ser sometido a una desaparición, venga de autoridades o particulares.
“De manera respetuosa, se recomienda que se adicione al texto constitucional mexicano (…) la siguiente redacción: ‘Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con o sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado’”, pide la ONU.
Con la inclusión de este texto se cumplirá también con varios acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de desaparición forzada.
El organismo pide también facultar al Congreso para legislar en otros temas, como la tortura; los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y los delitos contra la libertad de expresión, los periodistas o instalaciones que “menoscaben el derecho a la información”, estableciendo un plazo de seis meses para que se entreguen estas leyes.
Propuestas civiles
Las demás organizaciones civiles que participaron en el análisis de las iniciativas trabajan en una propuesta que entregarán a las comisiones del Senado en la primera semana de abril, a fin de integrar sus ideas a la nueva legislación.
En primer lugar mencionan la necesidad de “reconocer el derecho humano a no ser sometido a desaparición”.
Además, establecer plazos para legislar sobre desaparición de personas; tortura; ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y desplazamiento interno forzado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA
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