En Ley de Aguas no hay claridad; es preocupante en materia de derechos humanos: especialistas

"Sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único", señaló Nathalie Seguin.

La Ley General de Aguas que se discutía en Cámara de Diputados ha sido pospuesta ante la reacción de científicos y organizaciones, pero podría retomarse en cualquier momento, indicó  Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador de la UNAM.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que  juegan con “los conceptos, porque muchos de ellos están completamente dobleteados, no permiten una claridad en la ley, esto es una situación que se ha  cargado metiendo conceptos de economía, por ejemplo lo que le llaman ahora de cómo los  usuarios van a tener que pagar por el agua, porque se usa la palabra enmascarada de concesionario y la palabra asequible. Y asequible es el agua que tú puedes tomar que es lo diferente a disponible y aquí hay que pagar por ella”.

Precisó que para “nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes; uno es el que se  prohíbe hacer estudios- monitoreo en aspectos que tienen que ver con el agua. Donde hay agua, tú no puedes estudiar ni hacer monitoreo, esto es  grave  porque mucho académicos, estudiantes,  que estamos dependiendo de esa situación; ahora, esto tiene que ver con otra circunstancia, no va a haber forma de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país, esto es negativo para el país como un ente, como un ecosistema, y no vas a saber qué  pasa con el agua en ese sentido”

Comentó que hasta ahora “es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales; sin embargo con esta nueva ley puedes contaminar hasta el valor que  esté indicado en las normas oficiales mexicanas, es decir, puedes poner contaminantes al agua  mientras no te llegue a un valor contrario a las normas, todo el mundo se lo va a poder  tomar, incluyendo  los ecosistemas”.

Lo anterior “es una situación grave, preocupante, porque en muchos lugares donde la gente tiene  agua, para sus  necesidades, no va a poder ser  incorporada, por ejemplo, al derecho humano al agua”.

Además, “después de esa ley va a ser controlado por el reglamento y las normas correspondientes, que se hacen aparte y no pasan por la norma legislativa”, indicó.

Por su parte, la experta Nathalie Seguin dijo que “sin duda el aspecto de privatización es muy  preocupante pero no es el único, un aspecto terriblemente preocupante en materia de derechos humanos, y no solamente en materia de agua, sino es la violación a más de un derecho humano, que se está  haciendo con esta  iniciativa, porque se está violando el derecho al agua”.

Agregó que “el derecho al saneamiento ni siquiera existe y no puedo abundar, pero averiguaré qué quiere decir derecho de saneamiento, no es limpiar el agua como menciona este articulado; en el artículo 10, hay una definición que no tiene nada que ver con lo que la Organización de las Naciones Unidas dice al respecto, cinco años han pasado como para que no sepan qué significa derecho de saneamiento, es el colmo”.


“Cuidaron muy bien que  no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking , ni nada que pudiera  parecerse a ello, sin embargo cuando se lee la definición del uso industrial dice claramente que es cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo  bajo cualquier procedimiento, ahí  no me digan que no cabe el fracking, ahí cabe perfectamente el fracking y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva, se utilizan más de 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar”, sostuvo Seguin. 

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.