Durante el foro “Los rostros del trabajo infantil en México”, Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reveló que de 2007 a 2015, 39 menores de entre 11 meses y 17 años han muerto en campos agrícolas de México sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias.
De esos menores fallecidos, dijo, 16 casos ocurrieron en los campos de Sinaloa, lo que refleja que a pesar de las reformas laborales y la legislación a favor de la infancia, “el Estado mexicano no ha generado las condiciones necesarias para que las familias que cada año migran a los estados del norte y del bajío a trabajar como jornaleros agrícolas, tengan condiciones dignas para ellos y sus hijos”.
El resto de los decesos ocurrió en Sonora, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.
La investigadora del Centro Tlachinollan apuntó que los casos documentados por esa organización representan “sólo los de menores de la Montaña de Guerrero”.
Añadió: No sabemos cuántos niños más de otros estados han muerto en condiciones no esclarecidas, muchos de ellos en momentos en que trabajaban en los campos agrícolas, sin que se les reconozca su condición laboral por parte de los dueños de los campos, muchas veces protegidos por las autoridades locales”.
Las principales causas de muerte de los menores detectadas en los campos agrícolas son por atropellamiento por tractores o camiones recolectores, picaduras de animales pozoñosos, accidentes vehiculares y negligencia médica.
De acuerdo con la defensora, los indígenas de la Montaña guerrerense migran cada año a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihauhua, Nayarit, Jalisco, Morelos, Estado de México, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y la región de Tierra Caliente, entre Michoacán y Guerrero.
Nasheli Ramírez, directora de Reriki Intervención Social, y Alfonso Poirè, de Save the Children, coincidieron en que una de las causas de desatención a la población infantil trabajadora es la incapacidad institucional para generar estadìsticas confiables para dimensionar el problema.
Consideraron que hay subregistros para tratar el trabajo infantil, así como el involucramiento de los menores en actividades ilícitas o en la trata con fines de explotación laboral o sexual comercial.
Ramírez destacó que el Módulo de Trabajo Infantil Establecido en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) calculó en 2013 que en México existen poco más de 2 millones y medio de niños trabajadores, pero “la crisis económica ha derivado en que por lo menos un millón más esté trabajando en la informalidad y no está siendo considerado”.
Destacó que en las ciudades “el trabajo infantil lo vemos en las calles, y es producto de la crisis. Lo que vemos es a familias enteras sin opciones, volcadas en las calles. Ahí vemos a niños de la primera infancia trabajando, y eso no está considerado en las estadísticas”.
Alertó, asimismo, que oficialmente tampoco se está considerando la “trata de niñas que son sacadas de sus pueblos para que realicen trabajo doméstico”, y ni qué decir de las cifras negras de la trata con fines de explotación sexual.
En términos de la incorporación de menores en actividades delictivas, Alfonso Poiré agregó que “los números de niños y niñas incorporados al crimen organizado ronda en los 30 mil”, cifra que no tiene sustento porque “no hay un cruce de la información que se deriva de procesos iniciados contra niños o niñas en conflicto con la ley, contra las estadísticas de incidencia criminales de ciertas regiones”.
Luego de indicar que urge un esfuerzo institucional para precisar la cifra, consideró que “es que es mayor el número de niños y niñas involucrados en el crimen organizado, porque la incidencia regional y la conformación de las organizaciones tiene una cobertura nacional muy alta”.
Al cálculo de los 30 mil menores involucrados en el crimen organizado, Nashieli Ramírez apuntó que también existe una cifra negra relacionada con los “jóvenes que son levantados para ser forzados a realizar actividades ilícitas o son involucrados en conflictos armados, como se ha documentado en Sinaloa y en Michoacán, donde las autodefensas levantaban a adolescentes”.
Ante tal panorama, los activistas integrantes de la Mesa Social contra la explotaciòn de niñas, niños y adolescentes demandaron al Estado mexicano la aplicación de políticas públicas “desde un enfoque de derechos humanos” para atender a la población infantil trabajadora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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