El pronunciamiento se hizo al término de la presentación del informe anual sobre agresiones a periodistas y medios de comunicación de la organización Artículo 19, el cual fue difundido en un salón de la Universidad Iberoamericana de esta ciudad.
El 4 de marzo pasado el agente del Ministerio Público Federal, Miguel Ángel Calzada Briseño, adscrito a la Mesa dos de la Fiscalía Especializada (FEADLE), notificó por escrito a la reportera del periódico El Heraldo de León que esta instancia declinó ejercer acción penal en su caso.
Además, le informó que dejó en manos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el seguimiento de las medidas de protección determinadas para salvaguardarla.
De esta manera, según describe el oficio de la FEADLE, el Mecanismo quedaría como “único garante del desarrollo psicoemocional y físico de la periodista, toda vez que el presente asunto se tendrá como total y absolutamente concluido”.
En el documento la dependencia no precisa las razones por las que tomó tal resolución, sólo comenta a la interesada que tendría que acudir a las oficinas centrales en la Ciudad de México para ser enterada personalmente.
La FEADLE inició la averiguación previa 126/FEADLE/2014 a raíz de la agresión de la que fueron víctimas Karla Silva y Adriana Elizabeth Palacios, el pasado 4 de septiembre en las oficinas del periódico El Heraldo, en Silao.
Las amenazas lanzadas por los tres hombres que ingresaron a las oficinas del periódico y amagaron a Palacios, además de que golpearon brutalmente a Silva, fueron expresamente en contra de su labor periodística.
“Bájale de huevos a tus notas”, le gritaron los agresores. Uno de ellos le abrió la frente y le ocasionó graves contusiones en todo el cuerpo. Al salir, los agresores se llevaron la computadora de la reportera, una cámara del periódico y los teléfonos celulares de ella y de su compañera. Antes de irse, las amenazaron nuevamente: les dijeron que algo les pasaría a ambas si Karla “no le bajaba a sus notas”.
En el proceso judicial y en la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos fue documentado que el trabajo de Silva se centra en la cobertura de los temas municipales, con información crítica hacia el desempeño del gobierno del alcalde priista, Enrique Benjamín Solís Arzola.
Después de la denuncia, dos de los agresores materiales, junto con el subdirector operativo de la Policía de Silao, se encuentran detenidos y sujetos a proceso penal. El tercero fue recientemente liberado mediante un proceso de juicio abreviado que fue aceptado por la Fiscalía y las propias víctimas, a las que pidió perdón y ofreció pagarles la reparación del daño.
Sin embargo, Nicasio Aguirre Guerrero, director de Seguridad Pública del gobierno de Solís Arzola, fue señalado por la Procuraduría de Justicia del estado como presunto autor intelectual de la golpiza y no ha sido localizado ni detenido por esta instancia, que sólo ha consignado por los delitos del fuero común: lesiones, amenazas y robo calificado.
A pesar de que el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola ha sido llamado a declarar por la Procuraduría, se ha resguardado en el fuero constitucional y no se ha presentado.
Tampoco cumplió a cabalidad con la disculpa pública ni con las medidas determinadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado en la recomendación que el organismo emitió, puesto que “se disculpó” en un evento a puerta cerrada y sin la presencia de la reportera y su compañera.
El caso de Karla Silva es uno de los más graves del 2014 –particularmente en contra de mujeres periodistas–, contenidos en el informe “Estado de Censura”, presentado este martes por la organización Artículo 19, acto en el que estuvo presente la periodista.
Por ello, desde Guanajuato, reporteros y defensores de derechos humanos de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, el Centro Las Libres, el Observatorio Acambarense de Derechos Humanos y la asociación Desarrollo y Ciudadanía Hermila Galindo, exigieron a la FEADLE y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no evadir su responsabilidad para atender este caso, en virtud de que en la entidad no hay las garantías para desahogar cabalmente el ataque al trabajo periodístico y a la libertad de expresión.
“Han pasado más de seis meses de la agresión a Karla Silva y hasta la fecha no ha habido justicia integral ni reparación del daño”, concluyeron los periodistas y defensores al presentar su pronunciamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
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