Ocurre con tanta frecuencia que mucha gente ya no le da importancia. No denuncia. No se queja. Ni siquiera hay cifras confiables al respecto. Es la tortura. Juan Méndez, relator de la ONU, investigó esta problemática en México el año pasado, recogió testimonios y este lunes 9 presentará su informe en Ginebra. Golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son, de acuerdo con el documento, instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o, peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales. Y el Protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en el país…
BRUSELAS: “La tortura y los malos tratos son generalizados en México. El relator especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.
“La mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención (‘retención’) previo a la presentación judicial.”
Los párrafos anteriores forman parte del reporte dedicado a México que este lunes 9 presentará en Ginebra, Suiza, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el cual se deriva de la visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.
La presentación del documento –que incluye recomendaciones al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto– ocurrirá durante el vigesimoctavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El reporte de 22 páginas –copia del cual obtuvo Proceso– abunda en cuestionamientos a las autoridades mexicanas por su ineficiencia en la prevención, investigación y sanción de la tortura, la cual es utilizada “para castigar a los detenidos y extraer confesiones o información incriminatoria”, se explica.
En el reporte se dice que es “dificultoso” conocer el número real de casos de tortura en el país, pues no hay un registro nacional y cada estado dispone de sus propios datos; además, muchos casos no se denuncian “por temor a represalias o desconfianza, y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”, señala.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2001, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.
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