Así, en julio de 2011, el titular de la DGRCI, Juan Antonio Dorantes Sánchez, envió una carta a la delegación australiana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) –y a nombre del gobierno mexicano–, para cuestionar su decisión de cubrir 80% de las cajetillas de cigarros con advertencias de salud y fotos de las 21 enfermedades ligadas al consumo de tabaco, el cual cobra 6 millones de vida al año.
“Es un empaquetado genérico, sencillo, que deja muy poco espacio para la marca”, señaló Erick Ochoa, director de iniciativas para el control del tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón México.
Para la industria, añadió, “el empaquetado es la publicidad, y un estudio demuestra que un niño sabe diferenciar las distintas marcas de cigarros”.
En la OMC, Dorantes Sánchez aseveró a sus homólogos australianos que “México no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje sobre el comportamiento del consumidor”, y afirmó que además la regulación del empaquetado podría molestar el libre comercio.
Si bien esta reserva quedó sin consecuencia en Australia, las organizaciones denunciaron que la representación de México ante la OMC repitió los mismos argumentos que la industria tabacalera, además de que en el país los pictogramas ocupan apenas 30% de la cajetilla.
Así, en su último informe anual, Philip Morris International afirmó que si bien “apoya las advertencias de salud para informar a los consumidores de los riesgos de fumar”, “nos oponemos a advertencias excesivamente grandes, como de 50% o más de la cajetilla”.
Y, con el mismo argumento que el avanzado por Dorantes Sánchez a nombre de México, PMI aseveró: “Aumentar de manera desproporcionada el tamaño de las advertencias no reduce el consumo, pero estas advertencias de salud sí impiden nuestra capacidad de competir en el mercado al dejar un espacio insuficiente para nuestros logotipos y diseños de empaquetados”.
Según el mismo informe, Philip Morris International vendió 34 mil 600 millones de cigarros en 2013 en México –3% más que en 2012–, a raíz de lo cual controló 90% del sector formal del tabaco en el país. Sus ingresos netos en 2013 se elevaron a 80 mil millones de dólares, según el mismo informe.
En septiembre de este año, la compañía transnacional recuperó 20% de acciones que había comprado Grupo Carso –propiedad del magnate Carlos Slim– por 703 millones de dólares, a raíz de lo cual “PMI es ahora el dueño de 100% de su negocio mexicano del tabaco”, se felicitó la empresa.
Y si bien Dorantes Sánchez afirmó no tener pruebas científicas sobre la influencia de los paquetes sobre el comportamiento del consumidor, el gobierno estadunidense por su parte comprobó que durante décadas la industria tabacalera llevó a cabo campañas publicitarias –entre otras mediante el diseño de sus cajetillas y el engaño de los cigarros “light”– con un claro enfoque hacia los jóvenes.
El pasado 29 de abril, una Corte de Illinois impuso una multa de 10 mil millones de dólares a Philip Morris, decisión que apeló el gigante del tabaco.
Instancias internacionales
Si bien las tabacaleras utilizan a ciertos gobiernos como México –pero también Honduras, Ucrania o República Dominicana– para frenar la regulación internacional del tabaco, también actúan por sí mismas, alzando su derecho a la propiedad intelectual en el marco del libre comercio.
Así, en octubre de 2012 la tabacalera demandó a Australia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), así como a Noruega ante la Corte de Justicia Europea de la Asociación de Libre Comercio de los Estados.
Pero un caso emblemático fue el de Uruguay. En 2009, el gobierno de Tabaré Vázquez adoptó una serie de disposiciones mediante las cuales se cubrió 80% de las cajetillas de cigarros con pictogramas de advertencia y se obligó a las marcas a tener un solo color, en el marco de una lucha contra el tabaquismo iniciada en 2003 y que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un primer tiempo, la filial uruguaya de Philip Morris, Abal Hermanos, interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar la obligación de imprimir “las imágenes impactantes diseñadas específicamente para generar sensaciones de repulsión, disgusto e incluso horror”.
En la demanda, formulada en febrero de 2010, Abal Hermanos afirmó que la función de los pictogramas consistía en “destruir la buena fe” de las marcas que comercializa sin “fomentar políticas de salud legítimas”.
La tabacalera argumentó entre otros que la medida atentaba a sus derechos de propiedad, de libertad industrial y comercial, a su propiedad intelectual, así como a su libertad de expresión.
Sin embargo, según la última Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos que se publicó en 2009, en Uruguay 44.6% de los fumadores “han pensado dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias de las cajillas”.
Al ver su demanda desechada por el mayor órgano jurídico de Uruguay, la tabacalera desplazó el pleito de Montevideo a Washington, sede del Banco Mundial, y más particularmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Ahí, PMI se apoyó sobre un viejo tratado firmado entre Uruguay y Suiza en 1988 para obligar el CIADI a aceptar su demanda, petición a la que accedió el órgano en febrero de 2013, pese a los intentos de Uruguay para invalidarla con el argumento que la salud representa un “bien supremo no negociable”.
En mayo pasado, Apro entrevistó a Winston Abarca, ministro de Salud en el gobierno de José Mujica, quien lamentó: “Nosotros en el gobierno queremos que la gente deje de fumar por su salud, mientras que a Philip Morris le conviene que continúe por sus ganancias”.
El caso sigue abierto en el Banco Mundial y, al declararse a favor de la tabacalera, el órgano internacional obligaría a Uruguay a pagar 25 millones de dólares a Philip Morris.
Y no sólo eso: de forma unilateral y sin advertir a las autoridades, Philip Morris cerró su planta de fábrica de cigarros en Uruguay el 21 de octubre de 2011 y despidió 62 de sus 90 empleados, argumentado que “las políticas antitabaco hacían el negocio poco rentable”.
La tabacalera reubicó su fábrica en Argentina, desde donde Uruguay importa ahora las marcas de cigarros que pertenecen a Philip Morris.
Grasoso negocio de la chatarra
En diciembre de 2012 cambió la administración mexicana y gran parte de los altos funcionarios, pero se mantuvo en puesto Dorantes Sánchez, con el apetito intacto de derrocar las barreras al libre comercio.
El 17 de junio pasado dirigió una carta al representante de Ecuador ante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en la que denunció la nueva normatividad en materia de empaquetado de la administración de Rafael Correa.
El gobierno ecuatoriano obliga a imprimir en el frente de los empaquetados el “semáforo”, el cual informa de la cantidad de azúcar, grasa y sal de los alimentos a través de un esquema de colores: verde, cuando la cantidad es saludable; amarillo cuando hay que tomar precaución, y rojo cuando representa una alerta.
“Es un sistema muy sencillo de entender y leer, incluso para un niño, y estuvo promovido por miles de organizaciones de la Consumers International”, declaró el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, al precisar que el semáforo recibió el aval de la Fundación Mundial de la Obesidad, del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud y entra en el marco del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Pero, según la Secretaría de Economía, el semáforo bloquea de manera inútil el comercio, ya que afirmó a la delegación ecuatoriana que “México considera que el sistema gráfico de Ecuador carece de respaldo científico”.
Parece que los funcionarios consideran al etiquetado vigente en México más adecuado. Según Castillo, estuvo diseñado por las propias empresas productoras de comida chatarra con el visto bueno de la Cofepris, y es totalmente incomprensible y engañoso, tal como lo señala de manera regular El Poder del Consumidor.
En entrevista con Apro, Castillo pone el ejemplo de una botella de 600 mililitros de Coca Cola. El refresco contiene el equivalente a 12 cucharadas de azúcar y el etiquetado menciona “60% del requerimiento diario” el cual, según la Cofepris, es de 90 gramos de azúcar por día.
Sin embargo, la OMS recomienda que para una dieta normal no se debe exceder 10 cucharadas de azúcar al día y, según Castillo, el organismo internacional “está hablando de reducir el máximo tolerable a cinco cucharadas al día, lo cual implica que a partir de esta cantidad se notan daños a la salud”.
Y denunció abiertamente a la Cofepris por ocultar la información y hacer el juego de las empresas.
“En el momento que Cofepris no invita al Instituto Nacional de Salud Pública o la academia de medicina para determinar sus medidas, demuestra que invita a las corporaciones”, aseveró, al añadir que “en el país con el mayor consumo de refresco por persona, la gente tiene derecho a tener información accesible sobre la calidad de este producto y lo que contiene”
“La gente está muy mal informada. En nuestros talleres preguntamos a las madres de familia que mencionen un cereal y te responde Zucaritas o Choko Crispies. Cuando en realizad es harina refinada con 30 o 40% del peso en azúcar. Aparte tiene colorantes artificiales asociados con hiperactividad. No mencionan avena ni amaranto”, observó.
Según su informe del cuarto trimestre de 2014, publicado el pasado miércoles, la empresa FEMSA –el mayor embotellador de productos Coca Cola en el mundo y dueño de las tiendas Oxxo, entre otros— registró un crecimiento de 2.1% en sus ingresos en 2014, con el cual concluyó el año con un balance consolidado de 35 mil 641 millones de pesos.
Su rival, PepsiCo –dueña de Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker o Gatorade, entre muchos otros–, afirmó en su último informe que registró un crecimiento de 4% en 2013, con ingresos netos de 66 mil 415 millones de dólares a nivel internacional.
Transgénicos, bienvenidos
Al importar maíz y productos derivados de Estados Unidos, México se convierte en consumidor de transgénicos, afirmó el vocero de Greenpeace, Raúl Estrada.
Todavía en Ecuador, como también en otros 64 países, el gobierno obligó a las marcas a indicar en los empaquetados si los productos contienen transgénicos.
Y otra vez Dorantes Sánchez denunció un atentado al libre comercio, “argumentando costos adicionales y obstáculos innecesarios”, informó Estrada, al añadir que “en el punto 2.22 del documento enviado al gobierno de Ecuador se asegura que no existe diferencia alguna en la composición proteínica, nutrimental, toxicológica o alergénica de los organismos genéticamente modificados”.
Según Dorantes Sánchez, la ausencia de un consenso científico sobre el potencial peligro de los transgénicos “no justifica un trato diferenciado” en el etiquetado.
Sin embargo, de acuerdo con Estrada el consumidor tiene el derecho de decidir si quiere ingerir un alimento con transgénicos o no. La Cofepris decidió: no lo sabrá.
Para desventura de la industria transgénica, un conjunto de asociaciones de la sociedad civil reunidas en Colectiva AC impiden la comercialización de semillas de maíz transgénico en México desde septiembre de 2013, a raíz de una medida precautoria que dictó el Juzgado 12 en Materia Civil del Distrito Federal.
Las transnacionales –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México–, pero también las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente (Sagarpa y Semarnat) desplegaron un arsenal jurídico masivo para ganar el juicio de demanda colectiva.
Desde septiembre de 2013, no menos de 12 tribunales fueron convocados para lidiar con las 72 impugnaciones y 22 juicios de amparo que interpusieron las codemandadas para derrumbar la medida precautoria.
René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC, informó hoy a Apro que la organización ya ganó 14 amparos, y espera ganar dos más mañana viernes 27.
También informó que el juez Jaime Manuel Marroquín Zaleta –que la empresa transgénica Monsanto trató de botar del proceso judicial— demandó en una sentencia dejar de lado las impugnaciones y abrir el juicio para llevar a cabo la discusión de fondo.
“La aplicación de los principios jurídicos cobra especial relevancia por la trascendencia de la cuestión que se pretende someter a debate: la posible liberación de transgénicos, porque a juicio de este tribunal debe considerarse de orden público y de interés general”, advierte la sentencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
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