Por unanimidad, los cinco ministros de la Primera Sala reconocieron la figura de “interés legítimo” de una organización civil, que denunció la violación al derecho a la educación de terceros, es decir, de los alumnos a quienes no llegó el recurso federal etiquetado.
Claudio X. González y David Calderón, representantes de Mexicanos Primero, afirmaron que se trata de un “fallo histórico”, que sienta un precedente para que el resto de las organizaciones civiles puedan interponer amparos para defender derechos humanos de terceros.
El fallo de los ministros también incluye que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicie investigaciones sobre el desvío del presupuesto del FAEB en los ejercicios fiscales de 2009 y 2010, para que sean castigados los funcionarios responsables y sean resarcidos los montos que se ejercieron de manera ilegal.
El presupuesto se utilizó para el pago de comisionados sindicales, plazas inexistentes, bonos ilegales, aunque los recursos son etiquetados para mejorar las escuelas y profesionalizar a los docentes.
Los implicados en los desvíos pueden ser funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de las entidades federativas e incluso los profesores que recibieron dichos montos.
El fallo de este 11 de marzo se da luego de la denuncia interpuesta en febrero de 2013 contra la omisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para determinar responsabilidades administrativas y presentar denuncias contra funcionarios de las entidades federativas, a quienes les observaron irregularidades en la Cuenta Pública.
Claudio X. González y David Calderón, representantes legales de Mexicanos Primero, interpusieron el recurso también por la violación al derecho a la educación de miles de niños y niñas debido al desvío del recurso educativo que no llega a las escuelas.
En la Cuenta Pública de los ejercicios 2009 y 2010, la Auditoría advirtió irregularidades en el Fondo de Aportaciones, el que recibe mayores recursos en el presupuesto federal enviado a los estados.Ese dinero está previsto para mejorar la calidad de las escuelas y la formación profesional de los maestros, pero los gobiernos estatales lo han utilizado para el pago a comisionados sindicales, licencias, personal que ocupaba cargos de elección popular y que por disposición legal no tendrían derecho a sueldo alguno.
Aún así, la Auditoría no determinó responsabilidades contra los funcionarios que realizaron esos pagos, ni contra los trabajadores que los recibieron, situación que se ha repetido en otros ejercicios fiscales y hasta 2015 el monto desviado se calcula en un billón de pesos.
Por ello, la organización decidió interponer un recurso legal que finalmente llegó a la Suprema Corte en 2014, pero apenas se resolvió este miércoles. El pasado 25 de febrero, los ministros de la Primera Sala pospusieron la discusión aunque se tenía prevista en el orden del día.
Este amparo está evidenciando “el mal ejercicio del gasto, la opacidad, la corrupción en el gasto”, dice Luis Pérez de Acha, quien encabeza la estrategia legal del caso. Se trata de “promover un amparo contra la corrupción” porque la Auditoría tiene la obligación de revisar la Cuenta Pública, investigar las irregularidades cometidas por funcionarios estatales en el manejo de recursos y al omitirlo, genera impunidad.
La Auditoría también debería determinar responsabilidades administrativas contra dichos funcionarios con multas económicas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos y hasta presentar denuncias penales ante la Procuraduría General de la República.
“De conseguir el amparo, la Auditoría estaría obligada a denunciar incluso penalmente a todos los funcionarios que no destinaron el gasto educativo a los objetivos y planes para los que fue etiquetado”, explica el abogado.El interés legítimo
La determinación de la Suprema Corte es determinante y establece un precedente porque se posibilita que otros ciudadanos de organizaciones civiles puedan presentar amparos “cuando haya dinero federal aplicado indebida o ilegalmente” en perjuicio de los derechos de terceros, es decir, un “interés legítimo”.
Pérez de Acha ha promovido dos amparos más por interés legítimo: el de Yo Contribuyente contra la condonación de impuestos a estados y municipios, y el promovido junto con la asociación Causa en Común sobre el desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Aunque la Corte falló en contra, ambos casos significan un precedente favorable para el amparo de Mexicanos Primero. “El caso de Yo contribuyente sentó bases jurisprudenciales que ahora se pueden convertir en un resultado positivo. Así es el derecho. Lo que logremos será la pauta”, insiste Pérez de Acha.
El interés legítimo es una “figura legal nueva” y construirla lleva su tiempo, dice en entrevista el abogado. “El juicio pretende fortalecer la transparencia en el manejo de los impuestos que pagan los contribuyentes. Además es un recurso que los ciudadanos pueden aplicar cuando ven afectados sus derechos colectivos”.
A continuación puedes consultar el comunicado que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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