El ombudsman nacional aseguró que la situación de los derechos humanos en algunas partes del país atraviesa por “una crisis” que no corresponde a la envergadura de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011.
Detalló la gran cantidad de abusos graves, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Durante su mensaje, González Pérez destacó que el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapa, Tlatlaya e Iguala provocaron en la sociedad.
“Iguala marca un antes y un después para México. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad y lograr que los derechos de las víctimas sean reparados”, dijo.
El funcionario recalcó que la simulación, parcialidad y falta de apego a la ley en procedimientos de responsabilidad administrativa constituye una nueva violación a derechos humanos.
“Se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación”, agregó.
González Pérez exigió a Peña Nieto emitir una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.
“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, destacó.
Las autoridades, indicó, están obligadas a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.
“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”.
El titular de la CNDH señaló que México está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, como parte del compromiso asumido en el ámbito internacional.
Incumplir esas recomendaciones, dijo, debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.
Seguirá trabajando
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tiene un compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos.
Detalló que su administración seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias.
“La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas”, dijo.
Peña Nieto reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones.
El mandatario aclaró que su administración ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH.
En la lista negra
Las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones de la CNDH:
> Instituto Mexicano del Seguro Social
>Comisión Nacional de Seguridad
>Gobierno de Oaxaca
>Procuraduría General de la República
>Gobierno del Distrito Federal
>Gobierno de Chiapas
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
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