A raíz de lo ocurrido en casos como Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, las autoridades deben asumir un nuevo paradigma de actuación, apuntó.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que incumplir las recomendaciones en la materia debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.
“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego de la ley en los procedimientos de responsabilidad administrativa, constituye, por sí misma, una nueva violación de derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de la violación que dieron origen la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad, y debilita nuestro Estado de Derecho. El ombudsman, debo decirlo, no es antagónico a las autoridades, ni a los poderes públicos. Por el contrario, a través de su actividad y del ejercicio de sus atribuciones, coadyuva a la lucha contra la impunidad, así como a depurar, fortalecer y consolidar las instituciones”, expuso.
Al presentar su informe anual de labores en la Residencia Oficial de Los Pinos pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores instruir para que se cumplan las solicitudes de información y las recomendaciones que la CNDH hace a las instancias de la administración pública.
Olvidar esos puntos constituye una violación a los derechos y revictimiza a los agraviados, además señaló que el ombudsman no debe ser visto como un antagonista del poder público sino como alguien que contribuya a depurar y consolidar las instituciones.
Durante la presentación de su Informe de Labores 2014 al frente de la CNDH consideró que a raíz de lo ocurrido en casos como Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, las autoridades deben asumir un nuevo paradigma de actuación.
Solicitó al Ejecutivo federal concretar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, además de colaborar y aceptar la jurisdicción de mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
“Esta apertura y compromiso del Estado mexicano, dignos de todo reconocimiento, requieren para consolidarse de estrategias y vías para la atención de observaciones y recomendaciones que se formulen como consecuencia de ese escrutinio internacional”.
“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, dijo.
La autoridad está obligada a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.
“La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier parte del país”, expresó el ombudsman nacional.
Algunos procedimientos han resultado inadecuados para la operación oportuna y eficaz de la CNDH, que han derivado en rezago de expedientes, por lo cual se está atendiendo como una prioridad institucional.
Por ello se comprometió a generar mecanismos para evaluar el trabajo del organismo defensor de los derechos humanos y transparentar su gestión, informó en un comunicado la CNDH.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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