La comisiones participantes son las de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda. Y durante dos horas los legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza discutieron el dictamen, el cual fue aprobado sin hacer caso a las modificaciones que envío el presidente Enrique Peña Nieto.
El presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, dijo que se prevé que este mismo jueves sea puesto a consideración del pleno en primera lectura, para su discusión y, en su caso, aprobado.
Para el senador Alejandro Encinas Rodríguez la importancia de esta nueva ley es que incluye todo lo referente a los sujetos obligados directos que son los fondos y fideicomisos públicos y privados, los cuales tendrán que rendir directamente cuentas del manejo de sus recursos.
Asimismo, “los asuntos vinculados con el sector energético y el esquema de contrataciones y rendición de cuentas, en especial del Fondo Mexicano del Petróleo, que creo que ha quedado muy bien en la ley”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, indicó que también establece “lo que no se podrá clasificar como información reservada que tiene que ver con relaciones a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que está señalado de acuerdo con el derecho nacional y con tratados internacionales”.
Argumentó que con esta ley general se garantiza el derecho de los ciudadanos a la información y los deberes de los gobiernos a trasparentar su actuación.
En su opinión la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas, reconoció que con la reforma los ciudadanos tendrán acceso a la información sobre casos relativos a violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que anteriormente se mantenían en reserva.
La nueva ley en su Artículo 5 establece que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.
Una vez que sea avalada por la Cámara de Diputados y entre en vigor, señala que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizado a través de medios electrónicos el directorio de servidores públicos de los tres niveles de gobierno de estados y municipios.
Se deberán incluir sueldos, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistema de compensación; los gastos de representación y viáticos.
Tras analizar la propuesta que Enrique Peña Nieto envió al Senado, organizaciones civiles acusaron que la iniciativa era un retroceso después de una década de logros en materia de transparencia, por lo cual el pasado 24 de febrero se envió una carta a los senadores para solicitarles que se aprobara con los contenidos originales.
Las 8 “preocupaciones” de organizaciones:
- Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información;
- La desaparición de la obligación de generar la información;
- Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad;
- Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas;
- Eliminación de la prueba de daño;
- Intervención ampliada del Consejero Jurídico contraviene al principio de inatacabilidad de las resoluciones del IFAI;
- Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos; y
- Se elimina la obligación de transparentar el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria.
La Ley General de Transparencia debió aprobarse en el Senado desde el pasado 7 de febrero, cuando se cumplió el plazo de un año para expedir las leyes reglamentarias de la reforma aprobada en 2014.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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