En diciembre del 2014, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informó sobre la detención de Miguel Ángel Larios Cervantes, de 60 años, y de su esposa María Concepción Escalante Herrera, de 59, ambos residentes del fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Zapopan.
La dependencia detalló en su comunicado que la pareja había sido aprehendida en Baja California por contar con dos órdenes de aprehensión, una de ellas emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de La Barca, quien los inculpó de fraude.
Larios y Escalante fueron trasladados a Jalisco. La Fiscalía los recibió y luego los encarceló en la prisión municipal de La Barca.
La defensa de la pareja ha alegado la inocencia de la misma, y ha dicho que, quien ha acusado a sus clientes, tramó una historia de falsedades, a la que presuntamente se ha sumado el propio juez, Ramón Alvarado Becerra.
Alvarado Becerra tiene apenas unos meses en el cargo. El 21 de octubre del año pasado fue nombrado Juez Mixto de La Barca por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
Como funcionario público, había sido también visitador adjunto de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Y más: el abogado del denunciante es Jorge Vejar Orozco, un exagente del Ministerio Público, que salió de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por señalamientos de corrupción.
Uno de ellos se documenta bien en la recomendación 18/2000 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por detención arbitraria y tortura. El ex agente del MP aprobó la detención ilegal de un grupo de personas.
Un préstamo imposible de pagar
Miguel Ángel Larios Cervantes y su esposa conocieron a José Luis Jiménez Anaya en el 2007. Al paso del tiempo, la pareja le pidió a Jiménez un préstamo de 3.5 millones de pesos, sabiendo que éste era agiotista.
Los meses pasaron y el matrimonio no pagaba. José Luis prefirió presentar una demanda mercantil ante el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco.
La demanda fue admitida el 4 de enero de 2011; se registró con el número de expediente 4806/2010, en el cual se detalla que se emitieron cinco pagares a favor de Miguel Ángel Larios, que suman un total de 3.5 millones de pesos; también se establecía el pago mensual de 2.5 por ciento por intereses.
El 14 de julio del 2011, el usurero citó a Miguel Ángel Larios en una de sus oficinas, en la calle Agricultores del fraccionamiento Prados de Guadalupe, en Tepeyac.
Eran cerca de las 11:30 horas de ese día cuando Jiménez le dio a firmar una hoja a Larios, para comprometerse a pagar 4.5 millones de pesos. La discusión inició.
“De aquí no sales hijo de puta, firma la hoja culero, si no, ten por seguro que vas a amanecer encobijado”, fueron las palabras que supuestamente le dijo el agiotista a Miguel Ángel Larios, según consta en la denuncia penal que presentó éste último en agosto de aquel año por el delito de privación de la libertad.
De acuerdo con la declaración, José Luis Jiménez le pedía a Larios, para saldar la deuda, su casa de la colonia Colomos Patria, en el municipio de Zapopan.
Para no seguir recibiendo golpes, el hombre accedió, pero le dijo que tenía que llamar a su esposa. Al hacerlo, le pidió ayuda a ella. Las torretas de la policía lo salvaron.
Después de ese episodio, la pareja se fue a vivir a San Diego, California.
Deudas y compras
Paralelo a la golpiza, José Luis Jiménez sacó un as que tenía bajo la manga. Presentó una denuncia de hechos ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en el municipio de La Barca.
Declaró que Miguel Ángel, el mismo hombre que le debía 3.5 millones de pesos, le había vendido después una casa de 4 millones de pesos en La Barca.
Según el usurero, su deudor usó documentos falsos, como escrituras ante un Notario Público y un certificado de gravamen del Registro Público de la Propiedad, para validar que era el supuesto propietario de la finca.
La denuncia por fraude específico por suplantación de identidad fue admitida por el juez Alvarado Becerra.
El delito está contemplado dentro del artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco, y establece penas que van de los 4 a los 10 años de prisión.
En noviembre del año pasado, al momento de cruzar la frontera de Estados Unidos con México, la pareja fue detenida, y luego, encerrada en la cárcel de La Barca. Desde ahí enfrenta el proceso penal 20/2012.
En la investigación se advierte que sí, que los documentos que presentó el agiotista son falsos. El notario público y el funcionario del Registro Público de la Propiedad que declararon, reiteraron que los papeles y firmas no son reales.
La defensa de la pareja solicitó un peritaje externo con un especialista en la materia, Eleazar Navarro, pilar de las ciencias forenses en la entidad.
El experto confirmó de nuevo: los documentos de papel y las firmas son falsos. Los abogados defensores pidieron un incidente de libertad.
Y el Ministerio Público dijo al juez que tomaba como propio el estudio hecho por el especialista, apegándose a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala tal decisión.
Pero el juez se negó. Dijo que no se trataba de un peritaje colegiado (hecho por la defensa, la parte acusadora y el Ministerio Público), reclasificó el delito como fraude por suplantación (de identidad) y dictó el auto de formal prisión.
Los defensores presentaron una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura de Jalisco, y un par de denuncias más: una contra Jiménez Anaya, por uso de documentos falsos, falsedad de declaraciones, y otra hacia el juzgador por delitos cometidos en la administración de justicia.
Los regaños e inhabilitaciones
En abril del 2013, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco anunció la puesta en marcha de un programa anticorrupción, para documentar casos de irregularidades cometidos por funcionarios públicos del poder judicial de la entidad.
A través de denuncias anónimas, vía telefónica o por correo electrónico, la Judicatura estatal fue conociendo de casos de servidores públicos involucrados en presunta corrupción.
En el primer año, la dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura local recibió 432 quejas; de esas fueron resueltas 406. Y en los primeros meses del 2014, esa misma área había recibido 124 quejas.
De acuerdo con Carlos Arias Madrid, responsable de esa oficina del Consejo de la Judicatura, la mayoría de las quejas son contra los jueces de primera instancia, por un motivo principal, el rezago en la administración de justicia.
En lo que lleva el programa, cinco jueces han sido inhabilitados y casi 50 burócratas del poder Judicial de Jalisco han sido amonestados.
Un caso emblemático fue el de Mario Hernández Martínez, quien era juez desde 1998 y a quien un error le costó el cargo el año pasado.
Hernández fue Juez Tercero en Materia Penal con sede en Puente Grande hasta mayo del 2014.
En el 2006 calificó una detención como legal cuando no lo era; después se dio cuenta del error y quiso subsanarlo: Era muy tarde. La persona a la que perjudicó con esa falla pasó casi siete años preso. En 2013, la Judicatura estatal se percató del hecho y destituyó a Hernández un año después.
En 2013 también, el Consejo de la Judicatura de Jalisco inhabilitó al Juez Primero de lo Penal en Puerto Vallarta, Miguel Valenzuela, y al Juez Mixto en Lagos de Moreno, José Ávalos Pelayo.
El primero –quien también fue presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco– fue cesado por la Judicatura porque dictó una sentencia a favor de dos presuntos secuestradores. Y el segundo, fue retirado del cargo por tardar hasta ocho meses en resolver una orden de aprehensión.
El sistema de justicia en Jalisco –que todavía no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios– se presta a cualquier tipo de corrupción. Sólo en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.
Jalisco aún no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios, y en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER.
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