En el extenso Reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos que publicó hoy, el Departamento de Estado clasificó a México como uno de los países con mayor tránsito y producción de drogas, uno de los principales lugares de lavado de dinero así como una de las principales fuentes de precursores químicos para la elaboración de sustancias prohibidas.
El Departamento de Estado afirmó que las organizaciones criminales mexicanas lavan el dinero obtenido de la venta de drogas en Estados Unidos –pero también de la corrupción, del secuestro, o del tráfico de armas y de personas—a través del sistema financiero mexicano.
“Los cárteles de narcotráfico utilizan empresas legítimas y empresas de prestanombre para realizar transferencias de dinero al exportar bienes a México como una variante del mercado negro del peso”, sentenció.
Y recordó que en 2010, el gobierno de Felipe Calderón impuso un límite a las transferencias bancarias entre Estados Unidos y México, el cual se elevaba a cuatro mil dólares por persona y por mes y a 14 mil dólares por cada empresa ubicada en la región fronteriza o en ciertas zonas turísticas por mes.
En junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló el límite de transferencias para las empresas. “El impacto de esta decisión debe ser determinado”, planteó el Departamento de Estado.
Así, aseveró que agentes financieros de los cárteles utilizan “cuentas embudos” para comprar en dólares bienes y servicios en México que posteriormente venden en pesos, o para vender dólares a empresas mexicanas.
Si bien aseveró que el gobierno mexicano no “favorece ni facilita la producción y distribución de drogas ilícitas, ni se involucra en lavar los beneficios de la venta de estas drogas”, afirmó que “la corrupción continúa impidiendo los esfuerzos en contra de los narcóticos”.
Y concluyó: “El gobierno de México debe combatir la corrupción”.
Presupuesto en crecimiento
Según el informe, divido en dos partes, en 2014 el gobierno estadunidense destinó 50 millones de dólares en apoyo a las autoridades mexicanas en su lucha contra las drogas, y redujo para 2015 el presupuesto a 34 millones de dólares.
El gobierno mexicano, por su parte, incrementó su presupuesto dedicado a la seguridad en un 6.9% entre 2014 y 2015, y debería invertir en ella alrededor de 11 mil millones de dólares este año.
Del 2008 a la fecha, el gobierno estadunidense invirtió aproximadamente mil 300 millones de dólares en la Iniciativa Mérida, mientras que la cooperación entre autoridades estadunidenses y mexicanas llevó a la detención de capos importantes y la extradición de 66 personas a Estados Unidos en 2014.
Sin embargo, el Departamento de Estado estimó que “estos éxitos resultaron en la creación de grupos más pequeños y fracturados que tratan de consolidar su poder de manera violenta”.
Entre las mayores preocupaciones del Departamento de Estado con respecto a México destaca el cultivo de amapola y la cantidad en constante aumento de heroína que llega en su territorio. Entre 2009 y 2013, las cantidades de heroína confiscadas por las autoridades estadunidenses crecieron en un 324%.
Asimismo, la Cancillería estadunidense señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no reportó ninguna confiscación de seudoefedrina entre julio de 2013 y abril de 2014, aunque el químico sirva de base en la fabricación de la metanfetamina.
También apuntó que las cantidades de metanfetaminas confiscadas en México disminuyeron 56% entre 2012 y 2013, mientras que el número de laboratorios clandestinos cerrados en los primeros siete meses de 2014 –durante el cual se totalizaron 77 operativos—era 12.5 % inferior a las clausuras operadas durante el mismo periodo de 2013.
Según el Departamento de Estado, la mayor parte de los precursores químicos utilizados en la producción de la metanfetamina en México proviene de China, país con el que opera “un número creciente de organizaciones criminales de México, Colombia, África del Este y Oeste y Pakistán”.
La Cancillería señaló además que los cárteles mexicanos utilizan a Italia para repatriar dinero de la venta de cocaína, a través de buques o de transferencias inalámbricas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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