miércoles, 18 de marzo de 2015

Legisladores: Al desnudo, la vulnerabilidad de la PGR

Diputados federales piden revisar la estructura de la Procuraduría General de la República y castigar penalmente a los funcionarios involucrados que trafiquen con el programa de recompensas.

Legisladores federales coincidieron que el caso de los servidores públicos involucrados en el cobro de recompensas muestra la vulnerabilidad que existe al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el manejo de información y la actuación de sus funcionarios. 

En el reportaje “Rapiñan recompensas en la PGR”, Reporte Indigo puso en evidencia ayer el programa de recompensas de la PGR. Una serie de audios en poder de este medio revelan que los montos ofrecidos por la dependencia son cobrados por funcionarios en complicidad con supuestos informantes. Uno de ellos, el director de la SEIDO.

El senador Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que la revelación del caso es “una evidencia contundente” de que el principal problema en el sistema de justicia del país es la corrupción.

“La PGR tiene que echar a andar más que sus procesos internos porque no solamente es un delito, además implica una gran vulnerabilidad en la forma de actuar de la Procuraduría porque hay fuga de información, porque la información privilegiada que manejan algunos funcionarios se convierte ahora en tráfico de influencias y corrupción.

“Las estructuras de la Procuraduría muestran su enorme debilidad y vulnerabilidad en el manejo de información privilegiada y esto es un asunto de seguridad interior, de cómo operan los órganos de procuración de justicia y las autoridades judiciales en este país”, expuso en entrevista.

El legislador de izquierda sostuvo que es necesario que la PGR aplique todo el peso de la ley contra los responsables.

“Es absolutamente inadmisible y deberá actuarse con toda firmeza en contra de esta práctica y de quienes están cometiendo este delito”, señaló.

Encinas pidió una revisión del esquema de estímulos y recompensas por la falta de transparencia con la que se ha manejado este programa en las diferentes administraciones gubernamentales.

En el mismo tono se pronunció el diputado panista Guillemo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, quien sostuvo que “ha faltado mucha pulcritud y honradez” en el manejo del programa de recompensas.

“Tiene la procuradora la gran oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que realmente tiene deseos de trabajar por el bien del país y que los malos elementos de la PGR, de cualquier nivel, que sepan que al actuar fuera de la ley como es el caso, significa su salida pero no solo su salida de la institución, sino que se le aplique el procedimiento penal respectivo según sea el caso”, apuntó Anaya.

El legislador aseguró que a raíz de las revelaciones de este caso, pedirá un informe a la PGR sobre la forma en que está operando el sistema de recompensas y la forma en que se procederá contra los funcionarios involucrados.

“Hay que darle una muy buena revisión (al programa) porque pensemos que manejar este sistema no es muy complejo. Lo que sí exige y que no ha sido capaz la PGR de brindarnos a la sociedad es la pulcritud con la que debe actuar, y con la honradez que se deben desempeñar los funcionarios encargados de este tipo de situaciones.

“Hay poca transparencia y no hay un comité ciudadano y de ningún otro tipo, que pueda verificar los dichos, las personas, los expedientes y los montos con los que se está ejerciendo toda esta institución de recompensas”, comentó Anaya.

El legislador insistió en que los testimonios no deben ser la materia prima más importante en una averiguación, y en que antes de otorgar cualquier dinero para el pago de una recompensa, se deben verificar los hechos y la participación de los involucrados.

La PGR, dijo, “ha quedado a deber, por mucho tiempo, en la profesionalización de su personal”.


El diputado panista pidió que se debe revisar la estructura de la PGR y castigar penalmente a los responsables, no solo separarlos de su cargo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

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