Perseo Quiroz, representante de AI en México, afirmó ante diputados que en la investigación a los militares involucrados no hay nadie de los altos mandos.
“Vemos que el hilo en México siempre revienta por lo más delgado. Si bien es cierto que hay 7 militares investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios hacen suponer, por lo menos, que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso”, sostuvo.
Quiroz comentó que los militares de alto mando posiblemente no jalaron el gatillo, pero sí encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en un presunto operativo contra el crimen organizado.
“Ahí tenemos que ser muy claros en que la PGR debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando y esto no sólo lo dice Amnistía Internacional, sino que está en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo en su intervención durante una reunión con diputados del grupo de trabajo que da seguimiento al caso.
Por su parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, afirmó que la mejor forma de cuidar y salvaguardar la imagen del Ejército Mexicano es que casos como el de Tlatlaya, Estado de México, se aclaren plenamente y se deslinden las responsabilidades.
Al Ejército Mexicano corresponde “aislar a elementos que cometieron excesos y actos extrajudiciales en ese caso”, indicó durante una reunión del Grupo de Trabajo Plural para Coadyuvar en la Investigación de los Hechos Ocurridos en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
En esta reunión de trabajo se llevó a cabo una audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia.
Alonso Raya destacó que en la medida en que la Sedena, la PGR y la PGJE del Estado de México (PGJEM), aclaren lo que pasó, “podremos logar que lo acontecido en Tlatlaya no vuelva a suceder”.
Ello también, aseveró, permitirá establecer cambios legislativos que contribuyan a fortalecer la legalidad y la lucha contra la inseguridad.
La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), enfatizó la necesidad de “tipificar el delito de ejecución extrajudicial”, para evitar hechos como los de Ayotzinapa, Guerrero, en referencia a la desaparición y, de acuerdo con las autoridades, asesinato de 43 estudiantes normalistas.
Manifestó su confianza de que la nueva titular de la PGR, Arely Gómez González, contribuya al esclarecimiento pleno del caso Tlatlaya.
En su participación, los representantes de las organizaciones sociales coincidieron en señalar la necesidad de que las autoridades encargadas de investigar lo que sucedió en ese municipio, donde murieron 22 civiles, varios ejecutados, ofrezcan toda la información solicitada por los legisladores.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pidió a las autoridades responsables “ofrecer toda la información relacionada con el caso Tlatlaya”.
Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. reconoció que la existencia de este grupo de trabajo de legisladores “es señal de madurez democrática”.
Sin embargo, agregó que “México transita con dificultad en materia de controles democráticos para el uso de la fuerza”.
Comentó que, como en Tlatlaya, “no hay en el país pleno control sobre las acciones de las fuerzas armadas y ese hecho debe ser una palanca de aprendizaje para evitar su repetición”.
Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “sería un gran error considerar que Tlatlaya es un caso aislado”.
Ese asunto, puntualizó, es la “punta de iceberg de enfrentamientos entre fuerzas armadas (Ejército y Marina) y organizaciones de la delincuencia organizada”, donde se han registrado ejecuciones extrajudiciales.
Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones de ese instituto de la UNAM, de 2008 a 2011 se registraron más de 220 enfrentamientos que involucran a las instancias anteriores, en parte de los cuales “no hubo controles sobre el uso de la fuerza pública”.
Abraham Eslava Arvizu, en representación de la PGR, dijo que para esta institución “es del mayor interés el caso Tlatlaya”.
Mencionó que “se tomó nota de todos los comentarios y las propuestas y que las mismas le llegarán a la procuradora Arely Gómez González”. Estableció el compromiso de “mantenerse muy en contacto con este grupo de trabajo” de legisladores.
En la reunión también participaron las diputadas Loreta Ortiz Ahlf (Morena) y Julisa Mejía Guardado (PRD), quienes coincidieron en la necesidad de que las instancias gubernamentales que investigan el caso Tlatlaya entreguen la información solicitada por el grupo de trabajo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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