En dos ocasiones este año, el 14 de enero y el 24 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había advertido a la Procuraduría que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.
Pero en un documento fechado el 9 de marzo, entregado como respuesta a una solicitud hecha por este reportero, la PGR otra vez rechazó entregar los datos solicitados en torno a los peritajes practicados.
“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.
La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son nada más y nada menos los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.
Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.
En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.
A diferencia de solicitudes de otra naturaleza, la Procuraduría no reportó que se hubiera hecho una búsqueda en otras áreas como la fiscalía de procesos o la de delitos cometidos por servidores públicos.
Aunque la PGR tiene un Comité de Información responsable de verificar la legalidad y justificación de las respuestas que dan las distintas áreas a solicitudes de transparencia, como ocurre en otras dependencias, en el documento entregado se reconoce que el mismo no fue consultado bajo el argumento de que la SEIDO “no está sujeta a la autoridad de ese comité” como señala el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
El “no” reiterado
A finales de octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con la ejecución extrajudicial de civiles a manos de soldados, ocurrida el 30 de junio del 2014 en la localidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.
Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.
A partir de ese anuncio, la PGR recibió una solicitud de transparencia para que se dieran a conocer los peritajes del caso, pero se negó a hacerlo argumentando que el expediente estaba reservado por doce años.
Tras los recursos de revisión, el 14 de enero de este año el IFAI señaló públicamente que la Procuraduría debería dar a conocer una versión pública del expediente luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasificó el caso como de graves violaciones a los derechos humanos, lo que anula la imposición de la reserva.
En febrero la PGR volvió a rechazar nuevas solicitudes para conocer detalles del expediente, pero ahora se justificó diciendo que el caso ya no lo tenía porque había sido consignado. Los comisionados del IFAI, Oscar Guerra y Areli Cano, le insistieron nuevamente a la Procuraduría para que proporcionar una versión pública del expediente y no actuara de forma negligente, lo que no ha hecho hasta ahora.
La PGR no solo le ha negado la información a los ciudadanos y medios de comunicación. La diputada Margarita Elena Tapia, coordinadora de la comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya en Cámara de Diputados, reveló que tampoco les proporcionaron datos.
La legisladora dijo en una entrevista radiofónica que el argumento que les ha dado la PGR es que el caso está en curso. Este planteamiento es contrario a lo que ha expuesto en las solicitudes de transparencia respecto a que es un caso cerrado y envido a los juzgados.
Potencia en opacidad
En 2014 el IFAI dio a conocer las diez dependencias de toda la administración federal que tienen el dudoso honor de liderar el mayor número de quejas por la falta de respuesta a solicitudes de transparencia. La PGR, con más de mil 800 quejas hasta febrero de ese año, ocupaba el cuarto sitio, solo superada por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La entonces comisionada Jacqueline Peschard señaló que la Procuraduría era una de las dependencias en donde se “habían encontrado problemas” para transparentar la información requerida por los ciudadanos en general.
En un lapso de siete años, el IFAI reportó que presentó ante la Función Pública casi 40 denuncias en contra de funcionarios de la misma Procuraduría que de plano no acataron las resoluciones del pleno y continuaron negando la información solicitada. Dicha cantidad fue muy superior al segundo sitio que ocupó la Policía federal con seis denuncias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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