Diputados de PRI, PAN y PVEM aprobaron en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país y que incluso declara “de interés público” la participación de concesionarios y entes privados que prestarán el servicio público, además de regular el uso del líquido para la fractura hidráulica (fracking).
También ampara en la misma forma al trasvase de una cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, una obra entregada al Grupo Higa y otras empresas, asunto que ha causado una viva reacción de rechazo popular y empresaria.
En una acalorada sesión, diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano objetaron la premura con la que las comisiones de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos aprobaron una iniciativa firmada por PRI, PAN y el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, nieto del ex gobernador de Tabasco Leandro Rovirosa Wade.
El dictamen, que será aprobado en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, incluye un capítulo para la intervención de empresas a las que el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregará concesiones respectivas.
En el articulado se señala que la Conagua celebrará contratos de obra pública y de servicios con particulares para el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, mediante la modalidad de inversión recuperable.
Este modelo incluye “otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a ésta.
También la comisión entregará a empresas privadas contratos para proyectar, construir, equiparar, operar y mantener dicha infraestructura y coordinará la entrega de las concesiones con los gobiernos de los estados.
Los diputados Manuel Huerta (Morena), Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, ambos del PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua potable, Kamel Athié (PRI), envió el proyecto de dictamen durante la madrugada y la mañana de este miércoles y le pidieron, al igual que a Gaudiano Rovirosa, excusarse de la aprobación del documento, ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.
Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa tenía por objeto legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI, “donde las empresas del Grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable” que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
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