Una semana agitada vivió el Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el norte de Baja California. Un paro de jornaleros agrícolas derivó el martes 17 en bloqueos carreteros y saqueos. Las autoridades respondieron la madrugada del miércoles 18 con detenciones masivas y –en algunos casos– arbitrarias. Y la situación llegó a un punto muerto, con una mesa de diálogo que no ha dado resultados. Los trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales, seguridad social, prestaciones de ley y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones. Proceso publica la cobertura noticiosa realizada por el semanario Zeta de Tijuana.
Ese día los trabajadores del campo bloquearon en varios puntos la carretera transpeninsular y algunos de los jornaleros incluso saquearon comercios.
La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Aonemjus) convocó a la paralización de toda actividad comercial y de servicios básicos a partir de las 03:00 horas del martes 17, llamado al cual respondió casi la mitad de los más de 70 mil jornaleros que contabiliza ese frente.
Previamente hubo dos frustradas mesas de diálogo –una el 15 de octubre de 2014 y otra el pasado 22 de enero–, en las cuales los jornaleros organizados consideraron que no se tomó con seriedad su pliego petitorio, pues no estuvieron presentes los principales actores: Juana Laura Pérez Floriano, secretaria bajacaliforniana del Trabajo, representantes sindicales ni la parte patronal. En cambio llegaron funcionarios menores a darles “más atole con el dedo”.
No estaba “ninguna de las autoridades que tenía que estar, así que nosotros también abandonamos esas mesas de trabajo, porque ellos no fueron capaces de llamar a los representantes de los agricultores o a los apoderados legales de las empresas, ni a los representantes de los sindicatos”, dijo a Zeta uno de los líderes de la Aonemjus, Fermín Salazar, el lunes 16.
El conflicto estalló el martes 17. A las 03:00 horas empezó la movilización para bloquear puntos estratégicos de la carretera transpeninsular –principalmente en zonas aledañas a los ranchos agrícolas señalados por los jornaleros como centros de vejación y excesos–, ahora con la demanda de la presencia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y del secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en las mesas de diálogo.
Los jornaleros advirtieron: “Responsabilizamos al gobierno de cualquier acción que pueda tomar en contra de esta organización, en contra de los dirigentes, porque se les dio suficiente tiempo para platicar con ellos, y como no lo hicieron, la gente ya está cansada… son miles de trabajadores”.
Y una vez más enviaron su pliego petitorio con copia al presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se incluyen, como puntos básicos, el respeto al derecho laboral para los trabajadores agrícolas, revocación del contrato colectivo firmado por la CTE y la CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de ley, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos al día, respeto a los derechos de las madres trabajadoras y fin del acoso sexual por parte de mayordomos y patrones.
Señalaron a 12 empresas que les dan trato de esclavos y violan los más elementales derechos humanos y laborales; los dueños de algunas de esas compañías tienen ligas con funcionarios y políticos del PRI y del PAN.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2003, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ.
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