Más allá de los naturales cuestionamientos a las designaciones realizadas hasta 2012, se había acabado con la perversión de nombrar a integrantes del Poder Ejecutivo como ministros, lamentablemente la práctica se retomó, con la consiguiente pérdida de independencia y autonomía del Poder Judicial.
En noviembre de ese año, en una de las dos ternas que envió al Senado, el entonces presidente Felipe Calderón propuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien entonces era director del Servicio de Administración Tributaria; nombramiento que, aun cuando debía ser ratificado por el mismo Senado, era responsabilidad del Ejecutivo y, por supuesto, tenía una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. Gutiérrez Ortiz Mena había ingresado a dicha instancia en 2003 como administrador general jurídico y, tras fungir como administrador de Grandes Contribuyentes en julio de 2008, fue nombrado director. En general su designación no fue muy cuestionada porque había un reconocimiento a su trayectoria profesional.
El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la vacante que se generó por el fallecimiento de Sergio Valls a fin de proponer al embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, para ocuparla. Sin duda la actuación de Medina Mora como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como secretario de Seguridad Pública y como procurador general de la República es muy cuestionable, pero más lo es que después de 15 años de trabajar en el primer nivel del Poder Ejecutivo pase directamente al máximo nivel del Poder Judicial, en este caso con la agravante de que nadie reconoce sus capacidades como jurista y sí su obediencia acrítica a las indicaciones del Ejecutivo en turno.
De los otros nueve integrantes del pleno, cinco (el actual presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza) tienen una larga trayectoria en el mismo Poder Judicial, donde escalaron puestos a lo largo de los años; José Ramón Cossío llegó directamente de la academia por méritos indiscutibles en dicho campo; Olga Sánchez Cordero, tras ocho años en la Facultad de Derecho de la UNAM, se convirtió en la primera mujer Notaria del Distrito Federal, donde ejerció la abogacía durante nueve años, y posteriormente estuvo dos años como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF, antes de ser nombrada ministra de la Corte.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a la SCJN tras 25 años de ejercer como abogado postulante en materia constitucional, y el nombramiento más cuestionable hasta antes de los dos ya señalados fue el de José Fernando Franco, quien había sido subsecretario de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, y magistrado en dos ocasiones del Tribunal Electoral, antes de que éste pasara a formar parte del Poder Judicial. Sin embargo, su llegada al máximo tribunal del país en diciembre de 2006 estuvo precedida por un paso de poco más de un año por la academia.
Así, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresa la perversa práctica de designar como ministros de la Corte a fieles servidores del presidente, pues aunque la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena la realizó Calderón, fue evidente la intervención de Peña Nieto en la integración de la terna. Desde el primer momento se estableció que era un nombramiento que el PRI impulsaba por el hecho de que el prospecto es nieto de Antonio Ortiz Mena, quien fuera secretario de Hacienda durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; director de Banamex tras su nacionalización, así como prominente y comprometido priista, como quedó claro en aquella cena que organizó en su casa el 23 de febrero de 1993 con los empresarios mexicanos para que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari les solicitara financiamiento para la campaña del candidato tricolor.
Las dos propuestas de ministros de la Corte que ha hecho Peña Nieto, aunque la primera la haya formalizado su predecesor, corresponden a personas que en el momento de ser propuestos dependían del Ejecutivo. Esa relación de dependencia es precisamente la que se buscaba evitar con la designación de los ministros por parte del Senado, y la norma había cumplido su propósito hasta el inicio de este sexenio.
Los candidatos a ministros deben ser juristas reconocidos y probados, sea por haber dedicado su vida al Poder Judicial, a la docencia y la investigación o al ejercicio libre de su profesión, lo cual no se cumple en el caso de Medina Mora. El precedente se vuelve más preocupante porque en noviembre del presente año habrá que designar a otros dos ministros para cubrir las vacantes que dejarán en diciembre los últimos dos ministros de la generación de 1995 (Silva Meza y Sánchez Cordero).
Desde el 2003, al empezar la renovación de los 11 iniciales en 1995, la designación de los ministros de la Corte estuvo sujeta al reparto de las cuotas partidistas, pues se requería el apoyo de dos grupos parlamentarios para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones; pero al menos hasta el inicio de este sexenio se habían guardado las formas y los partidos impulsaban candidaturas de personas ajenas al Ejecutivo en turno y que podían exhibir méritos profesionales suficientes para ser nombrados.
La designación de Medina Mora es una muestra más del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo y un paso hacia la restauración del neopresidencialismo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
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