“La justicia mediática o los juicios paralelos de los medios siempre ponen en riesgo la independencia del juzgador”, argumenta Hernández Orozco en entrevista con Proceso. Y puntualiza: “Lo que hay que procurar es ser impecables en la argumentación, pero si un juez actuó bajo presión mediática es condenable y debemos investigar si algo presionó al juzgador”.
Con 50 años de edad, con maestría y doctorado en derecho por la Universidad Panamericana, Hernández Orozco es el más joven de la terna presentada por Enrique Peña Nieto al Senado, pero también el que tiene una de las carreras más sólidas en el Poder Judicial desde que inició como secretario de juzgado en 1990, juez de distrito de 1998 a 2001 y magistrado de circuito desde 2001.
Para Hernández Orozco, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, uno de los temas fundamentales que se abordaría ante los senadores sería el de los derechos humanos, a la luz de casos recientes como el de Rosendo Radilla y la reforma de 2011.
–¿Cuál es su postura sobre esta discusión, especialmente en torno al delito de desaparición forzada y el antecedente Ayotzinapa? –se le pregunta.
–Es una discusión interesante. Hoy estamos en un enfoque que trata de evitar las graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos una cantidad inmensa de tipos penales. En ocasiones, las diferencias entre un delito y otro pueden ser de sólo una coma.
“En este sentido, hablar de desaparición forzada puede ser también hablar de privación ilegal de la libertad con alguna finalidad, como en el caso del secuestro, o privatización ilegal de la libertad sin finalidad. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de delitos. Hablar de desaparición forzada es un tipo muy específico que guarda puntos en común con otros delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad.
“Tenemos resoluciones y defensas de los propios abogados en los casos para determinar cuándo existe o no desaparición forzada. Este delito ahora sale a la palestra por los eventos que todos conocemos.”
Durante dos años Hernández Orozco formó parte de la Comisión de Ética del Poder Judicial durante la época del ministro Mariano Azuela como presidente de la Suprema Corte. Para él, la ética en un juzgador se remite a cuatro principios que deben estar siempre presentes: “imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo”.
Considera que casos como la revisión del amparo de la profesora Elba Esther Gordillo o el de la Operación Casa Blanca que le tocaron a él como juez constituyen una verdadera prueba porque existió “un interés social, mediático y político muy fuerte” y porque se dan siempre los “juicios paralelos o mediáticos”.
“Un juez nunca está aislado de este tipo de presiones. Es un ser de carne y hueso, pero tiene que estar preparado para enfrentar estos juicios paralelos que se dan en los medios”, explica.
–¿Un ministro con vínculos en la industria mediática puede ser independiente?
–Definitivamente no. Uno puede tener una relación social con algunos personajes de los medios, pero un juez tiene que saber vivir su independencia y aplicar los cuatro principios éticos: imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad.
–A usted le correspondió también el caso de la Operación Casa Blanca en el que Washington acusó a empleados bancarios mexicanos de blanquear recursos del narcotráfico. Usted como magistrado ordenó la libertad de los imputados. ¿Cuál fue la lección más importante de ese juicio?
–Un caso muy importante. Se trató de una operación encubierta, realizada en nuestro país, con agentes infiltrados. ¿Qué resolvimos en esta sentencia? Que no se pueden prefabricar situaciones delictuosas. La función del Estado no es crear situaciones falsas para demostrar un delito. Sentamos las bases para un sistema de derecho procesal sano, de un debido proceso donde el aspecto probatorio sea lo más idóneo, lo más sano.
–¿La prefabricación de situaciones delictuosas se emparenta con casos como el de Florence Cassez?
–No, porque ahí la diferencia es que no prefabricaron el delito. Se podría pensar en otros asuntos similares, pero en ambos el cuestionamiento correcto debe ser: ¿Cuál es la función de la autoridad? Esa es la pregunta fundamental tanto en el caso Casablanca como en otros. Ese es el tema que atiende la necesidad del debido proceso.
–¿Qué posibilidades ve frente al mecanismo para seleccionar al nuevo ministro de la Suprema Corte?
–Si hablamos de porcentajes, tenemos 33% de posibilidades. La propuesta del presidente de la República al Senado está formada por tres candidatos. El Ejecutivo federal habrá ponderado nuestras fortalezas. Aquí el punto fundamental es que esta responsabilidad recae ahora en los senadores. Lo que los ciudadanos esperan de ellos es que emitan una decisión razonada, responsable, y que la gente esté enterada del proceso. Es una votación de dos terceras partes de los senadores, lo cual habla de la necesidad de un aval.
“La Constitución no les exige a los senadores que razonen su voto, pero no sería mala idea que fundaran los motivos y las razones de su elección ante uno u otro de los aspirantes.”
El peso del exembajador
Hasta ahora, organizaciones de derechos humanos, senadores de la bancada del PRD y una parte de legisladores del PAN han rechazado categóricamente la postulación de Eduardo Medina Mora por distintas razones, pero principalmente porque no llena los requerimientos del artículo 95, fracción V, de la Constitución.
Dicho precepto establece como uno de los requisitos para aspirar a ser ministro de la Suprema Corte haber vivido los últimos dos años en el país. Desde noviembre de 2009 Medina Mora vive fuera de México, ya que fue nombrado por el gobierno de Felipe Calderón embajador en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos encabezadas por los centros Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro, Fundar, Indignación y Propuesta Cívica, entre otros, enviaron cartas al Senado en las que argumentan que la candidatura de Medina Mora “evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos” por impulsar a un candidato con un perfil policiaco y protector de intereses corporativos dentro del máximo tribunal.
–No podemos evadir el tema de la polémica en torno a la candidatura de Medina Mora. ¿Afecta este proceso de selección el peso mediático y político de su figura? –se le pregunta al magistrado.
–No creo que afecte –responde–. Incluso, se publicó un análisis periodístico donde se decía que el embajador tenía una desventaja porque se trataba de un cargo jurisdiccional y no político. Dos de los aspirantes tenemos carrera dentro del Poder Judicial. La Corte también es un cargo político, pero los dos magistrados que aspiramos tenemos esa experiencia política. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser juez con Zedillo, magistrado con Fox y con Calderón, y ahora con Enrique Peña, y ha prevalecido mi carácter jurisdiccional. Tengo una carrera de 28 años.
–¿Usted vivió la transición interna en la Suprema Corte?
–Así es. Viví una transición muy fuerte en 1988. Fue la primera transformación importante. La Corte se convierte en un tribunal constitucional y no solamente de legalidad. Eso fue un cambio fundamental. Luego me tocarían los cambios del 94, del 99 y del 2011.
–¿Es una ventaja la juventud en este tipo de cargos? Usted tiene 50 años frente a una Suprema Corte cuyos ministros tienen un promedio de edad mayor.
-Sí. Es una ventaja porque estamos todavía abiertos al cambio. Somos más receptivos y perceptivos al cambio. No significa que los ministros de mayor edad no lo sean. A veces lo que sucede es que se crean hábitos y áreas de confort, y esto genera resistencias al cambio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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