La denuncia fue presentada por Acciones Colectivas de Sinaloa A.C., y promovida el 28 de agosto por los abogados David Álvarez y Luis Pérez de Acha, a fin de remediar el daño ambiental y la implementación de medidas preventivas para evitar desastres futuros, así como el pago justo de multas e indemnizaciones.
La certificación de la demanda como acción colectiva representa que Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental.
El abogado Luis Pérez de Acha ejemplificó que si materialmente fuera imposible volver el ambiente a su estado original, Grupo México sería obligado a pagar una indemnización administrada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto podría rebasar el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos, ya creado por la minera.
“Si el consorcio no es condenado, quedará una sensación de impunidad respecto del medio ambiente y hay que precisar que la contaminación de los ríos sonorenses fue mayúscula”, subrayó el litigante.
El monto a pagar es calculado por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y se pagan a la CJF.
El destino de los recursos será el establecido en el artículo 625 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), que a la letra dice:
“Pago de gastos derivados de otros juicios de acciones colectivas difusas (ambientales) o al fomento de la investigación y difusión de las acciones y derechos colectivos”.
Posterior a esta certificación, inicia el periodo de pruebas para constatar que el daño ambiental fue causado por los demandados y se estima que la sentencia se dicte entre 12 a 18 meses.
El “beneficiado” directo de la sentencia es el medio ambiente que será reparado, e indirectamente los vecinos del lugar afectado que podrán vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
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