Tampoco han afectado su avalancha propagandística alrededor de 195 millones de pesos acumulados en 11 multas impuestas por el mencionado instituto y ratificadas por el tribunal. Las más recientes, una por 5 millones 411 mil 840 pesos y la otra por 4 millones 167 mil 117, se las impuso la Sala Regional del TEPJF el viernes 17.
Menos aún lo han frenado las denuncias de los partidos políticos ni los reclamos ciudadanos. En plenas campañas electorales, en la Ciudad de México el logotipo del partido está en todos lados.
El tucán en medio de una “V” arriba de la palabra “Verde” en tipografía blanca sobre fondo verde se encuentra en los pasos a desnivel del Periférico, en espectaculares cerca de la sede del INE, en los andenes y vagones del Metro, en el Metrobús y en los promocionales de Tele Urban –el sistema de circuito cerrado de este transporte–, en las zonas de comida rápida de los centros comerciales, en Twitter, en Facebook y otras redes sociales.
La campaña que provoca tanto encono tiene base en una ingeniería electoral planeada para violar la correspondiente ley, reformada en 2014 para evitar casos como el Monexgate de 2012, que benefició al PRI, al PVEM y al actual presidente, Enrique Peña Nieto. Por eso ha enredado a los consejeros del INE, que sólo aplican multas a ese partido porque no pueden demostrar que ya rebasó el tope de gastos.
El domingo12, el representante suplente del Verde ante el instituto, Fernando Garibay Palomino, presentó una impugnación al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1501/2015, firmado por el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados Villagómez, y fechado el miércoles 8.
En dicho documento se informa de las retenciones aplicadas al PVEM en su partida correspondiente a abril por las mencionadas multas, pese a que, según Garibay Palomino, “sólo una de ellas ha sido confirmada por la Sala Superior” del TEPJF.
Tal determinación, argumentó el representante del Verde, es contraria al sistema electoral porque el TEPJF estableció que el financiamiento es un componente fundamental del sistema democrático, “de modo que es predominante el financiamiento público sobre el privado al limitarlo e incluso ampliarlo en época de campaña”.
Agrega que su partido necesita el dinero para desempeñar sus actividades ordinarias y así “cumplir con la encomienda constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática y promover el voto”.
En contraste con el despliegue de su propaganda en todos los lugares y por todos los medios que se percibe todos los días, el representante del Verde se queja de que para partidos como el suyo “…la merma del financiamiento público que legalmente les corresponda, aunque sea en los años que no hay elecciones, se puede constituir en una causa o motivo para que no puedan realizar dichas actividades… y esto puede traer como repercusión su debilitamiento y en algunos casos llevarlos a su extinción, lo que les impediría llegar al proceso electoral o llegar en mejores condiciones al mismo”.
Por ese motivo, en el recurso del PVEM, del que este semanario tiene copia, Garibay Palomino destacó que la retención de su ministración de abril por el INE viola la ley electoral.
Desde el principio de las precampañas, el PVEM desplegó propaganda en vallas, espectaculares, bardas, autobuses y mobiliario urbano. Sus frases: “vales de medicinas”, “propuesta cumplida”, “propuestas cumplidas”, “en el IMSS-ISSSTE”, “a partir del 1 de julio en Edo de Méx”, “no más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “ley aprobada”, “leyes aprobadas”, “sí cumple”, “contamina, paga”, “no más cuotas”, “circo sin animales”.
En todos sus materiales de propaganda aparece su emblema y la palabra “Verde”. Dicha publicidad no está destinada únicamente a dar a conocer a sus precandidatos, en el caso de las precampañas, ni las propuestas de sus candidatos.
Esto provocó que Morena se quejara ante el INE porque, señaló, el PVEM no dirigió esos mensajes únicamente a sus militantes, sino que desde el principio se trata de propaganda genérica del partido, con la cual obtiene ventaja indebida por actos anticipados de campaña y viola el principio de equidad que debe prevalecer en la elección.
Garibay Palomino afirmó que el INE puedo retenerle a su partido 50% de las ministraciones, pues en el catálogo de penas no se prevé que ningún partido pierda el financiamiento o dejarlo sin operatividad; y sin embargo el instituto optó por suspenderle totalmente el financiamiento.
Esto, dice el representante partidista, “aunado a que es evidente que la supresión por acumulación de sanciones en pleno proceso electoral, aun y cuando se tiene el gasto de campaña, afecta sensiblemente los fines del instituto político”.
Por lo tanto, pidió a la Sala Superior del TEPJF que revoque la determinación del oficio del INE y se le retenga al PVEM 50% de su ministración hasta cubrir el monto de las multas. Garibay Palomino firma la queja bajo el lema “Amor, justicia y libertad”.
Las multas, “tibias”
El lunes 13 decenas de miles de ciudadanos, encabezados por quien se identificó como María Santos, subieron a la plataforma Change.org una petición para que el INE y el TEPJF le quiten el registro al PVEM “por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de la normatividad electoral en el marco de los comicios de 2015”.
El documento fue firmado por los analistas políticos Denise Dresser, Leo Zuckerman, Sergio Aguayo y Eduardo Huchim, el expresidente de la Cofetel Mony de Swaan y el exconsejero del IFE Alfredo Figueroa, entre otros, quienes denunciaron “el conjunto de trampas y actos de corrupción cometidos desde que se inició el proceso electoral actual en septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas ilegales en la competencia electoral.”
Según estos ciudadanos, no es la primera vez que el PVEM viola la ley, ya que en 2009, con apoyo de Televisa y Televisión Azteca, logró reducir sustancialmente fuertes multas por sus prácticas publicitarias. “No es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con estas compañías”, agrega la solicitud en Change. org.
En 2012 fue el TEPJF el que libró al Verde de multas por 200 millones de pesos que el entonces Instituto Federal Electoral le impuso por conductas similares.
De cara a los comicios de junio próximo, el PVEM está gastando recursos millonarios –públicos y privados– desde finales de 2014, sin acatar los tiempos electorales.
En la sentencia dictada en el expediente SUP-REP-57/2015 y acumulados, que se cita en la petición ciudadana, la Sala Superior del TEPJF señaló que “desde septiembre de 2014 y hasta enero de 2015, por lo menos, el PVEM ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida”.
Sin embargo, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en contra de ese partido en materia de fiscalización.
Con base en los fundamentos legales que adjunta (ordenamientos específicos de la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), los firmantes del documento enumeran las conductas que ameritan el retiro del registro al PVEM:
Uso de recursos públicos y privados ilegales. Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal. Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.
Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país. Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país. Propaganda ilegal en tortillerías. Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa. Distribución, en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.
Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país. Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse. Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.
Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley. Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda. Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.
Añaden que, desde el inicio de las campañas, el PVEM sigue invadiendo las estaciones del Metro con la propaganda que se le ordenó suspender y que tan sólo sus 230 mil promocionales de televisión tienen un costo de 400 millones de pesos, mientras que la sanción apenas alcanza 76 millones.
Frente a esto, califican de tibia la actuación del INE, pues se ha dedicado a imponerle multas mientras el partido sigue actuando al margen de la ley.
“Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo”, advierten.
Impunidad verde
Los representantes de Morena, el PRD, el PAN, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y Concertación Mexicana sostienen que presentaron pruebas contundentes de que el PVEM rebasó el tope de gastos de precampaña, por lo que conforme a la ley tendría que cancelársele el registro.
Entre las empresas contratadas por el PVEM destaca Havas Media, S.A. de C.V., encargada de posicionar al partido como si fuera una marca en parabuses y espectaculares. El costo de este servicio, denunció el senador panista Javier Corral ante el INE, fue de 43 millones 534 mil 868 pesos. La vigencia era del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2014, por lo que el contrato obligaba a dejar de proyectar la publicidad al día siguiente.
También llama la atención el oficio, fechado el 7 de enero, en el que el representante suplente del PVEM ante el Consejo General del INE, Jorge Herrera Martínez, informa:
“Para la elaboración de los promocionales, así como de la propaganda fija denunciada se erogó gasto de producción del partido. Que para tal efecto se celebró un contrato de compra y uso de materiales audiovisuales con la compañía NowMedias por un monto de 200 mil pesos, más IVA. Que el origen de los recursos utilizados para la producción de los promocionales y propaganda denunciada fue a través de financiamiento público del propio partido”.
Sin embargo, este semanario tiene copias de una serie de facturas emitidas por Televisa y Televisión Azteca por la transmisión de promocionales sobre los informes de legisladores del PVEM. Ahí se indica que en los contratos de prestación de servicios el cliente es la Cámara de Senadores, mediante Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Verde.
Con Televisa celebró el contrato DF140945, por 6 millones 190 mil 476 pesos. En la factura no se menciona el método de pago ni el número de cuenta donde deberá depositarse; tampoco el régimen fiscal. Existen numerosos contratos similares firmados por el Niño Verde a nombre del Senado por montos que van desde 500 mil hasta varios millones de pesos.
Otras facturas salieron a nombre de la senadora María Elena Barrera Tapia, con domicilio en Toluca. El contrato se firmó el 25 de noviembre de 2014 y es por 309 mil 523 pesos. Existe uno más, del 12 de diciembre siguiente, por 266 mil 830 pesos.
González Martínez también suscribió contratos millonarios con Televisión Azteca. Uno de ellos, fechado el 28 de octubre de 2014, fue por 4 millones 953 mil 846 pesos, y sólo por transmitirlos, puesto que el PVEM entregó ya producido el material.
En la cláusula séptima de este contrato, realizado para transmitir el informe de labores de la senadora Barrera Tapia, se advierte:
“En virtud de que los spots que se transmitirán por los servicios televisivos que se pactan en este contrato están relacionados con servidores públicos, el cliente expresa su consentimiento para que si alguna autoridad federal o local requiere a TV Azteca la suspensión de los spots del cliente en forma regional o nacional, TV Azteca, en cumplimiento de dicho requerimiento y sin responsabilidad alguna, dejará de transmitir sus spots en la forma que dicha autoridad lo requiera.”
El PVEM no respetó las condiciones de sus contratos ni acató las decisiones de la autoridad electoral. El jueves16, el PRD de Quintana Roo denunció a ese partido por entregar despensas mediante las fundaciones “Niños verdes por amor a México” y “Familia verde”, creadas por el senador González Martínez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
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