Las dos aprobaciones son altamente rentables para los partidos en medio de las campañas electorales que se desarrollan en estas semanas.
Ambas aprobaciones fueron condicionadas por su contraparte, por lo que ambas se realizarán de forma paralela.
Sin embargo, los congresistas aún no logran un acuerdo sobre la iniciativa sobre seguridad y justicia que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, y que en ese entonces era considerada la prioridad para este periodo de sesiones.
Al no lograr el apoyo de todas las fuerzas políticas, los parlamentarios trabajan en una serie de modificaciones para cambiar el sentido inicial de la iniciativa y lograr aprobar al menos una parte antes de que concluya el periodo de sesiones, este 30 de abril.
Transparencia y Anticorrupción, al pleno
Aunque en un principio la oposición intentó modificar algunos aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción, al final los legisladores decidieron aprobarlo en los términos que envió la Cámara de Diputados para no poner en peligro su votación.
Los senadores tanto del PAN como del PRD intentaron modificar la minuta para incluir aspectos como que el presidente de la República quede incluido en el Sistema.
Los coordinadores parlamentarios decidieron no modificar la minuta y, ahora, estos cambios deberán ser tratados por separado o, al menos, plasmar la intención de los legisladores en la argumentación de la minuta.
Armando Ríos Piter, senador del PRD, ha sido uno de los principales críticos del Sistema Anticorrupción y fue él quien presentó una iniciativa para eliminar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República.
“Decidí no calificarlo como Sistema Nacional Anticorrupción, porque después de sendos análisis y después de escuchar varias posiciones, estoy convencido de que no es un Sistema Nacional Anticorrupción. Es un sistema que busca una mejor coordinación de las instituciones que buscan luchar contra la corrupción.
“Me preocupa mucho, además de todo, que el sistema salga en un momento político, donde todos los partidos, incluyendo el mío –o si quieren empiezo por el mío- van a decir: ya estamos resolviendo el tema, ya hay un sistema nacional y entonces la espotización del asunto va a estar al orden del día”, criticó Ríos Piter.
Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados con la Ley General de Transparencia.
Los coordinadores parlamentarios de la Cámara baja decidieron no hacer modificaciones a la minuta enviada por el Senado para garantizar que el voto se llevará a cabo en el pleno.
Con esta nueva Ley, la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad u órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán hacerla pública.
Lo mismo ocurre con los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos.
Los partidos de oposición criticaron que, en el caso del Congreso de la Unión, la rendición de cuentas llegue hasta la siguiente Legislatura, pues en la ley se estableció un periodo de seis meses para su entrada en vigor.
Cambios a la iniciativa ‘urgente’ del Ejecutivo
Cuando fue enviada al Senado, la iniciativa en materia de seguridad y justicia que envió el presidente Enrique Peña Nieto fue clasificada como una prioridad para el periodo de sesiones que casi concluye.
Los coordinadores parlamentarios del PRI en ambas Cámaras recibieron la instrucción de utilizar sus mejores técnicas de negociación para cabildear el asunto con las otras fuerzas políticas.
La propuesta de crear un mando único policial no cayó muy bien a los partidos de oposición; mucho menos la idea de intervenir los municipios en los que se tuviera una sospecha de infiltración del crimen organizado.
El PRI tuvo que ceder y ahora busca modificar la iniciativa presidencial para matizar la forma en que ambos mecanismos pueden ser aprobados, aunque sea en parte.
En el caso de la desaparición de las corporaciones municipales de policía, propuesta del Presidente, los senadores plantean que pueda mantenerse una “policía de proximidad”.
Este cuerpo policiaco sería el encargado de las labores cercanas a los ciudadanos: apoyar en disputas vecinales, tareas de tránsito u otras donde la presencia de una policía estatal, que usa armas de grueso calibre, sería desproporcionada.
El acuerdo indica que se aprobará la realización de análisis por municipio y se determine así el tipo de policía que es necesaria para su funcionamiento; además de evaluar a las corporaciones.
El PRI impulsa que la decisión de intervenir un municipio no recaiga únicamente en el Senado o el Ejecutivo, sino que se involucre a los congresos estatales en la decisión de remover a las autoridades municipales.
“Con esto damos por terminado el argumento de que se violenta el federalismo; al involucrar a los congresos locales se garantiza el respeto a cada una de las entidades”, comentó Omar Fayad, senador del PRI y presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
La propuesta presidencial deberá ser aprobada por la mayoría de los congresos estatales para su entrada en vigor.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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