El grupo de denuncias más recientes, fueron interpuestas en el mes de noviembre del año pasado en contra de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, tanto la ASF como la PGR mantienen secrecía sobre los nombres a quienes van dirigidas.
Estos datos se encuentran contenidos en el sitio http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales donde se incluye el listado de todas las dependencias federales y entidades con alguna denuncia.
Debido a que la ASF estableció que los montos donde se presentaron los posibles daños patrimoniales contra Hacienda Pública federal, se localizaron en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), serían funcionarios de las secretarías de Educación, Salud, Seguridad y Finanzas y Planeación, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) los que estarían involucrados.
Tanto la ASF como la PGR se negaron a dar a conocer el nombre de los funcionarios o ex funcionarios públicos del gobierno estatal señalados en las 18 denuncias penales, aunque confirman la existencia de tales acusaciones y el involucramiento de servidores públicos de distintas dependencias del gobierno estatal.
Las denuncias penales que han sido mencionadas recientemente en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, incluidos algunos que hoy en día son candidatos a diputados federales, son las que la ASF presentó a finales del año pasado.
La PGR en un lapso de 10 días, recibió un total de 15 denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del estado de Veracruz. Del 11 al 20 de noviembre del año pasado la PGR fue recibiendo cada una de las denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal que hasta el momento mantiene en secrecía y únicamente se ha establecido que son relacionadas a un presunto desvío de recursos de la cuenta pública del año 2012.
La denuncia más antigua, es derivada de la auditoría número 523 a la cuenta pública de 2006 contra el gobierno de Veracruz, por irregularidades detectadas en construcción de hospitales, y por ello se interpuso denuncia el 30 de noviembre de 2007.
De la cuenta pública 2010, cuando todavía era gobernador Fidel Herrera Beltrán, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra el gobierno estatal por la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, que tuvo un costo de 15 millones 280 mil pesos y se cayó ante la primer crecida del río Atoyac.
La ASF analizó la ejecución de recursos en la construcción del puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac, en el camino F. Carillo Puerto-El Órgano, contrato asignado a la compañía Seteyco y que sumó 15 millones 280 mil pesos.
Resulta que al abrir la bitácora de la obra se encontró que el puente Palo Amarillo-Amayales se construyó un año antes de que se asignara el contrato y se colapsó en septiembre de 2010, cuando se desbordó el río Atoyac a causa del huracán Karl.
La FGE también está señalada como una de las dependencias denunciadas ante la PGR, pues de la cuenta pública 2010 se establece un presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública (FASP) en una obra relacionada con la construcción del servicio médico forense.
FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.
AUTOR: JAIR GARCÍA.
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