“Nos reclamaron los ciudadanos, a través de los juicios de protección de derechos políticos, la posibilidad constitucional del reconocimiento, a partir de interpretaciones muy audaces que le hacían a la Sala Superior”, dice el presidente del TEPJF.
Las candidaturas independientes, figura que se estrena en el actual proceso electoral, han sido impulsadas principalmente por la sociedad, afirmó el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza.
Comunicación Social del TEPJF informó en un comunicado que, al dictar la Cátedra de Derecho Constitucional “Doctor Manuel González Oropeza”, en el Colegio de Veracruz, el recién electo magistrado presidente del TEPJF mencionó que, previamente a la reforma político-electoral, en el Tribunal Electoral había reclamos ciudadanos para exigir este derecho.
“Nos reclamaron los ciudadanos, a través de los juicios de protección de derechos políticos, la posibilidad constitucional del reconocimiento, a partir de interpretaciones muy audaces que le hacían a la Sala Superior”.
Carrasco Daza explicó que la argumentación empleada por los ciudadanos, era en el sentido de que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece cuáles son las restricciones válidas, por ejemplo, la nacionalidad, residencia e incapacidad y en algunos casos sentencias condenatorias en materia penal.
El magistrado comentó que los ciudadanos acudían a la Sala Superior a exigir su derecho a contender como candidato independiente, con el argumento de que el artículo segundo de la citada Convención establece que si el Estado no legisla en la materia, es obligación de los jueces domésticos, favorecer esa garantía.
Aunada a la exigencia social, agregó que la Corte Interamericana argumentó que el Estado no tiene la obligación de apoyar las candidaturas independientes; sin embargo, en el caso de México era necesario, pues atravesaba por una crisis de participación política, a través de la concentración en los partidos políticos.
Carrasco Daza explicó que en México durante décadas se carecía de tutela judicial en materia de derechos políticos, la cual es la fórmula más eficaz de proteger la democracia. Para ello, dijo, se implementó la acción por omisión legislativa, de manera que la Sala Superior empezó a conocer los primeros asuntos por omisión, tanto constitucional como legislativa.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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