A través de una carta abierta dirigida a los asistentes de la cumbre “Prosperidad con Equidad”, la agrupación con sede en Londres hizo un llamado a los jefes de Estado y de gobierno que participan en el evento para incluir en su declaración final “compromisos firmes para reducir brechas sociales, propiciar el desarrollo con equidad y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas sin distinción” y que éstos sea implementados de forma inmediata a través de políticas públicas.
Tras celebrar la incorporación de Cuba a la cumbre, AI enlista nueve temas de preocupación en el hemisferio en los que considera “urgente que los gobiernos adopten medidas concretas para prevenir, eliminar y sancionar estos graves abusos”.
La organización toma el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa como ejemplo de falta de acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad que “sigue siendo uno de los problemas más serios de todo el continente”.
Al referirse a las “incompletas y limitadas investigaciones del caso”, advierte que puso en evidencia “las graves deficiencias del gobierno mexicano a la hora de investigar la corrupción y la connivencia endémicas y generalizadas entre los funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, así como el alarmante nivel de impunidad y la falta de respuesta ante una de las peores crisis de derechos humanos en el continente”.
El caso Ayotzinapa, puntualiza, es “emblemático de las graves falencias en el tratamiento de las violaciones a derechos humanos en México, pero no es un caso aislado o una situación atípica en este país en el que las desapariciones de personas, la impunidad y la corrupción persisten”.
Amnistía Internacional considera que el otro país en el que la situación es grave en materia de acceso a la justicia es Venezuela, donde la represión entre febrero y julio de 2014 dejó “43 muertos, cientos de personas heridas, incluidas policías, además de decenas de personas torturadas y maltratadas”.
Sobre seguridad pública y derechos humanos, la organización resalta que ante la existencia de redes criminales que operan con violencia e impunidad, la respuesta de algunos estados ha sido el uso de las fuerzas armadas. Ello, dice, “ha terminado por generar un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y un espacio de restricciones a las libertades de expresión y de protesta pacífica”.
Entre los países en los que Amnistía ha detectado violaciones al derecho a la libertad de manifestación pacífica son Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Perú y Venezuela.
En la carta, la organización manifiesta su preocupación porque pese a los avances en nivel legislativo, la tortura y oros malos tratos son una “practica generalizada”, así como “la inefectiva implementación de las normas para hacer que los responsables comparezcan ante la justicia y se repare el daño a las víctimas”.
Además, lamenta que en el continente los defensores de derechos humanos enfrenten “dificultades para el ejercicio e sus acciones” y puntualiza que ha documentado “asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación y un incremento en el uso del sistema judicial para intimidar y reprimir la defensa de los derechos humanos de la región”.
Otro aspecto de preocupación para la agrupación es que hoy en día “la discriminación de las personas migrantes y sus descendientes es generalizada, y los Estados han mostrado poca voluntad para bordar las causas de tan arraigada exclusión”.
El organismo da cuenta de la “crisis humanitaria” en la que se encuentran los migrantes en su mayoría centroamericanos y mexicanos que cruzan el país para llegar a Estados Unidos, que son “con frecuencia víctimas de homicidios, secuestros y extorsiones perpetrados por bandas delictivas, a menudo en colusión con autoridades”, en tanto que niñas y mujeres son víctimas de violencia sexual.
También enuncia reformas judiciales de la situación de República Dominicana, donde se desconoce la nacionalidad dominicana a personas de origen extranjero nacidas entre 1929 y 2010, así como en Bahamas, donde a partir de 2015 se excluye a migrantes para acceder a la educación.
Amnistía Internacional reprueba que en pleno siglo XXI “la protección de las mujeres y niñas frente a la violación, las amenazas y el homicidio no han sido cuestión prioritaria en la agenda política de los Estados de la región”.
Rechaza también que persista la penalización del aborto “en cualquier circunstancia” en Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam y El Salvador.
Entre los sectores vulnerables, la organización menciona a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes víctimas de “agentes estatales y no estatales, como empresas y poderosos terratenientes (que) con frecuencia les expulsan de sus propias tierras en nombre del desarrollo social y económico y sin consultarlos ni obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Otra población de preocupación –señala en su carta la organización– es la de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intresexuales (LGBTI), que en países como Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago “son víctimas de amenazas, agresiones físicas e incluso asesinato”.
AI hace referencia al conflicto armado en Colombia, donde “ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han comprometido a garantizar justicia para todas las víctimas del conflicto”. Por ello, llama a las partes a poner fin a los abusos “y garantizar que cualquier acuerdo de paz es compatible con el derecho internacional y de la las víctimas pleno acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.
Tras reconocer que la región enfrenta “grandes desafíos”, Amnistía Internacional concluye su misiva con un exhorto a los Estados a que “fortalezcan y asuman su compromiso a favor de los derechos humanos”, que lo incluyan en la Declaración Final de la VII Cumbre de las Américas y “lo traduzcan en políticas y acciones a todos los niveles”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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