AI hizo además un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que cese la criminalización contra los migrantes y brinde las condiciones de seguridad del albergue Hermanos en el Camino, así como para los más de 400 indocumentados y defensores que participan en la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”.
Luego de una queja presentada ante la CNDH en días pasados, dicho organismo demandó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob), al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y a la Presidencia Municipal de Ixtepec en esa misma entidad, adoptar medidas para respetar los derechos de los migrantes.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que con esta solicitud se busca “que las autoridades preserven los derechos humanos de quienes participan en la caravana, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Migración y atendiendo a las obligaciones que impone a todas las autoridades el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Después de participar en el seminario “La Constitución, análisis rumbo a su centenario”, organizado por el Senado de la República, el ombudsman nacional destacó en entrevista que la solicitud de medidas precautorias lleva énfasis en la preservación de los derechos de los menores que participan en la caravana, debido a su vulnerabilidad.
La Comisión estará atenta, dijo, como desde el pasado 25 de marzo, a que se respeten los derechos humanos de los migrantes que enfrentan diversas vejaciones y condiciones difíciles en México.
González Pérez reiteró la necesidad de visibilizar la problemática de los migrantes en México. Luego llamó a las autoridades migratorias a entender el “contexto adverso” del fenómeno migratorio y a emprender acciones para su atención.
Durante su participación en el seminario, el presidente de la CNDH aseguró que “la dignidad de la persona no sólo debe ser límite a la actividad de los poderes públicos, sino punto de partida del trabajo institucional y de autoridades, así como del quehacer diario de quienes habitamos este país”
Enfatizó que los derechos fundamentales deben convertirse en eje principal del diseño y operación de las políticas públicas que establezca el Estado.
Añadió que en el campo de los derechos humanos persisten muchas asignaturas pendientes, como “la necesidad de generar un nuevo paradigma o cambio cultural entre todos los mexicanos, basado en el respeto y aplicación cotidiana de los derechos fundamentales”.
Caravana partirá de Ciudad Ixtepec
Amnistía Internacional indicó que la caravana migrante saldrá este miércoles 15 a las 7:00 horas de Ciudad Ixtepec rumbo a la capital del país; se trata, acotó, de una acción civil de resistencia pacífica, la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización de todas las personas migrantes.
Por su parte, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, reiteró que “Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos, no sólo de los migrantes, sino también de los defensores humanos, de las personas que viven vulnerables”.
En rueda de prensa subrayó que “¡Ya basta! No podemos vivir con un rostro policiaco, encarcelamiento y hostigamiento, además de tortura, vivimos en una situación de emergencia”, puntualizó.
Amnistía expresó su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores, debido al dispositivo de seguridad desplegado por el Instituto Nacional de Migración (INM) e integrantes de la Policía Federal (PF), quienes bloquean las actividades de la caravana.
Además, consideró que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el INM tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes, aparte de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración, que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a indocumentados.
Añadió que el dispositivo de seguridad es también inconstitucional, puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11, que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte.
AI enfatizó que la forma en que se realizó el operativo ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado frente a esta población, quienes tienen el derecho a medidas adicionales de protección y a ser atendidas conforme sus circunstancias individuales.
Detalló que posiblemente más de un centenar de integrantes de la caravana pueden ser solicitantes de asilo, y de éstos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Las autoridades, consideró Amnistía, deben tomar las medidas necesarias para garantizar la asistencia institucional a los que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, se informó que los organizadores de la caravana presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso.
Mientras, Solalinde resaltó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación que se hace al principio pro-persona incluido en la Carta Magna, el cual prevé que México y sus funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas vulnerables y en tránsito, como son los migrantes.
Solalinde Guerra reiteró que se vive una situación de emergencia con los migrantes centroamericanos como consecuencia del Plan Frontera Sur, puesto en marcha por el gobierno federal.
Y acusó al INM de ser el “brazo ejecutor” de la administración de Peña Nieto, debido a que las políticas públicas en materia de derechos humanos que ha implementado el actual gobierno mexicano no han funcionado; al contrario, son reflejo de la violación permanente de esas garantías.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/PEDRIO MATÍAS.
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