‘‘Estoy cierto que este evento se desarrolló, tanto en la madrugada en la plaza de la ciudad de Apatzingán, como en el traslado de los vehículos al corralón, como se anunció en su momento, producto de las investigaciones realizadas’’, dijo el funcionario al ser entrevistado tras la inauguración de la Feria Aeroespacial organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea de Santa Lucía.
Rubido García remitió a los trabajos ‘‘muy claros’’ realizados a raíz del enfrentamiento por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
‘‘Con toda objetividad, y lo digo de manera muy respetuosa, es un video (el recientemente presentado) que no muestra nada. No hay un solo hecho contundente y son dichos en off’’, apuntó el comisionado.
Apenas el sábado pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer la recepción de un video anónimo del cual podían ‘‘inferirse presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad de elementos de la Policía Federal’’, y que del mismo se notificó a la PGR y a su propia unidad de asuntos internos.
Esta vez, el comisionado Rubido apuntó: ‘‘Dijimos que íbamos a dar parte (a la PGR) ante la eventualidad, y quiero enfatizar eso, eventualidad, de una presunta’’ acción de ese tipo por parte de los elementos federales.
A partir de ello, añadió, ‘‘se está trabajando puntualmente porque la averiguación previa sigue radicada, sigue abierta en la PGR, y será la que tenga que dar parte de cómo va’’ esa investigación. Respecto de la indagación de su oficina de asuntos internos, el funcionario aseguró que hasta el momento no se ha obtenido nada que apunte a una mala actuación de la Policía Federal.
‘‘Fuimos muy cuidadosos desde el principio de la investigación de cómo se dieron los acontecimientos. Desde el mismo 6 de enero se hizo la investigación y se mostraron las pruebas a través de las conferencias que en su momento se dieron’’, indicó.
Los más de 60 elementos que participaron en esos operativos en el municipio de Apatzingán ya fueron investigados entre enero y marzo pasado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, a fin de que se establezcan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en el ámbito administrativo, una vez que se deslinden responsabilidades.
El pasado 6 de enero, en el municipio de Apatzingán, se produjeron dos enfrentamientos entre elementos de la Policía Federal e integrantes de la Fuerza Rural, y oficialmente –de acuerdo con información del ex comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo– nueve personas fallecieron en los tiroteos. Aseguró que sólo dos de los cadáveres presentaban impactos de bala coincidentes con los calibres que utilizan las armas de los agentes federales.
‘‘El resto presenta impactos sobre todo de calibre 9 milímetros, mismo que no coincide con las armas oficiales.’’
Durante una conferencia de prensa ofrecida el 12 de enero en la ciudad de Morelia, Castillo Cervantes señaló en esa fecha: ‘‘Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron ser ultimadas por sus propios compañeros, y hay dos personas que recibieron impacto de arma de fuego tanto de la PF (como) del grupo civil, y que también son heridas mortales, por lo que es imposible determinar cuál de los balazos provocó la muerte’’.
Enfatizó: ‘‘No estamos frente a hechos de homicidio por parte de autoridades, ni el Ejército (cometió) abuso de autoridad, sino fue legítima defensa’’.
Sin embargo, una investigación periodística señala que los agentes federales habrían abatido a mansalva a los ciudadanos y que incluso hay al menos una persona desaparecida.
Ayer, funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que las indagatorias realizadas y entrevistas sostenidas con los pobladores tras los sucesos violentos no arrojaron ninguna evidencia de abuso o uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo, tras la entrega anónima de un video en el que presuntamente existirían imágenes que demostrarían la comisión de actos ilícitos en contra de ciudadanos durante esos hechos, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República iniciaron procedimientos de tipo administrativo y una investigación penal para fincar responsabilidades.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Gustavo Castillo.
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