Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109).
Mientras en 2013 hubo 75 mil 468 operaciones “inusuales”, en 2014 aumentó a 114 mil casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pero no todas derivan en investigaciones, aunque las denuncias vayan en aumento.
En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por la Unidad de Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. Esto representa un aumento de 65% con respecto a 2006, cuando se registraron 53 denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando hubo 25.
Dicha categoría se obtiene al promediar 14 indicadores sobre la transparencia en las instituciones públicas, percepción sobre corrupción, la capacidad de supervisión de los organismos que regulan el sistema financiero, y la eficiencia del sistema judicial. Solo Finlandia y Estonia son consideradas por el Instituto Basilea como de “bajo riesgo” y de América Latina, solo Chile y Perú están entre las 20 naciones mejor protegidas contra el lavado de dinero a escala mundial.
Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.
A través de este delito, la delincuencia organizada “ha disfrazado sus ganancias ilegales en perjuicio del sistema financiero, la economía y el tejido social”, refiere el estudio.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) “entre 1993 y el 2008, las actividades ilegales en México generaron recursos potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes en promedio anual a 1.6% del PIB”. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009.
De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI por el autor del estudio, Juan Pablo Aguirre Quezada, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos mil 224 probables responsables por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 2006 a 2014.
Esto significa que se triplicó el número de presuntos responsables de lavado de dinero. Mientras en 2006 hubo 83 acusados, en 2014 sumaron 240; sin embargo, las consignaciones no han aumentado igual y en promedio, menos de 100 personas por año han sido juzgadas por dicho delito, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 2012, durante la transición entre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue el año con el mayor número de acusados de lavado de dinero, al sumar 415 y la PGR consignó a 128 de ellos. En 2013 y 2014 ha caído la cifra de acusaciones, pero aún es mayor que lo registrado en 2006.
Con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2012 podría esperarse un combate más efectivo al lavado de dinero debido a que obliga a investigar y perseguir dichos delitos así como desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos.
Sin embargo, no ha tenido efectos inmediatos, e incluso hay un hueco en materia de la penalización, por lo que las sanciones “puede ser una fortaleza para el combate al blanqueo de capitales”.
La investigación del Senado refiere que “existen algunas debilidades en las instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades ilícitas”. Ejemplo de ello es el reporte sobre el lavado de dinero realizado por el Senado norteamericano, donde vincula a la filial mexicana del banco HSBC con lavado de dinero de diferentes cárteles de la droga por un monto de siete mil millones de dólares entre 2007 y 2008.
Otro problema es el “tránsito hormiga”, es decir, lavadores que realizan operaciones sin rebasar las líneas divisorias para la declaración fiscal. Esto quiere decir que “parte de la solución al lavado de dinero tiene que ver con el control de los servicios financieros, así como el rastreo de origen y destino del efectivo”.
A través de transacciones por internet se realizan operaciones para el lavado de dinero. Un ejemplo es el llamado Bitcoin, que carece de emisión física y respaldo de algún banco central de una nación, lo que ha “generado un vacío en las regulaciones. Esto puede significar que el uso de monedas virtuales sea aprovechado por lavadores de dinero del siglo 21, según refiere la investigación “Lavado de dinero una mirada a las monedas virtuales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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