En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) y del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, condenaron que el gobernador morelense desatendiera 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo para evaluar la pertinencia de emitir una Alerta de Violencia de Género.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, reconoció que pese a que está contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta ahora no se ha emitido la Alerta de Violencia de Género, debido a “las complicidades del gobierno federal con los gobiernos estatales; hay una actitud negligente y burocrática” que se refleja en el caso específico de Morelos
También recordó que a solicitud de su organización ante el gobierno federal y estatal, el año pasado se conformó un Grupo de Trabajo integrado por académicos nacionales y de Morelos, así como personal de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, y de los institutos de la mujer a nivel nacional y estatal; grupo que entregó 15 recomendaciones al gobierno de Graco Ramírez para aplicarlas antes del 18 de marzo, y rendir un informe de su implementación el 25 de ese mes.
Al hacer la solicitud, la CIDHM presentó 530 feminicidos documentados del 2000 a junio de 2013, cifra a la que se sumaron 103 casos a febrero pasado.
Paloma Estrada, coordinadora de investigación de la CIDHM, consideró que el efecto inmediato de la falta de aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es el incremento de feminicidios en la entidad.
De acuerdo con el seguimiento del feminicidio en Morelos, Estrada informó que las víctimas oscilan entre bebés con horas de nacidas hasta ancianas de 93 años; que los casos han ocurrido en 31 de los 33 municipios de la entidad, por lo que “no se trata de un problema focalizado sino generalizado”.
Paloma Estrada resaltó que en cuanto a la impartición de justicia, en los seis últimos meses se han emitido sólo dos sentencias, una por 20 años y otra por 13, cuando la penalidad es de entre 40 y 70 años de prisión.
La activista explicó que de acuerdo con la normatividad, “el Grupo de Trabajo tiene que rendir un reporte sobre lo informado por el gobierno estatal, y determinar si procede la Alerta de Violencia de Género, en tanto que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien la tiene que emitir oficialmente, para lo que no hay un tiempo establecido para decir si acepta o no, si hace modificaciones a la resolución del Grupo de Trabajo, y éste tendría que dar una posición pública al respecto”.
Ambas defensoras denunciaron que a la fecha no han recibido el informe gubernamental ni el último del Grupo de Trabajo, a pesar de que la CIDHM es la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género.
Juliana Quintanilla consideró que persiste una “violencia institucional”, reflejada en la resistencia “sistemática” por parte del gobierno federal para reconocer la violencia feminicida, lo que se traduce en una postura “indiferente e indolente”, en tanto que las entidades federativas tienen el “un temor a ser el primer estado en atender la violencia feminicida”.
Fernando Ríos, de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), apuntó que así como el gobierno federal ha rechazado las recomendaciones del Comité Contra la Desaparición Forzada y el informe del relator sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, hay una tendencia a negar la violencia feminicida.
“Hay una insistencia en negar la realidad; en vez de reconocer el problema, se ignora y se es negligente en proponer respuesta. Al no reconocer el problema, no se reconoce el dolor que se suscita en las víctimas, en sus familiares, hijos, sus madres por lo que la impunidad prevalece en este contexto generalizado de violencias que se pretende ignorar por parte del gobierno federal”, concluyó Ríos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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