Este martes, el canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribreña, entregó reconocimientos a nueve empresarios y a la fundación de BBVA Bancomer por las donaciones realizadas a albergues de migrantes ubicados en la frontera sur del país.
Según la Cancillería, los hombres de negocios entregaron bienes como colchones, ropa o alimentos para “atender las necesidades básicas de los migrantes”, particularmente de niños y adolescentes en su tránsito desde América Central.
De acuerdo con la página de internet de la Fundación BBVA Bancomer, los empresarios entregaron víveres y material al albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, mismo que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde.
Sin embargo, al tiempo que Meade entregaba sus premios a los actores privados, el operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal oaxaqueña permanecía en las salidas de las carreteras que atraviesan Ixtepec.
Desplegados desde el pasado jueves, los agentes tienen la misión de detener a los migrantes centroamericanos quienes saldrían del albergue para continuar el camino de la caravana “Via crucis sin fronteras”, la cual arrancó el pasado 24 de marzo en la frontera con Guatemala y debía salir rumbo al Distrito Federal el pasado jueves.
La madrugada de ese día, los activistas e integrantes del albergue ya habían contratado el servicio de autobuses que los llevaría, junto con más de 200 migrantes, hasta la capital del país para sostener encuentros sociales, cuando se percataron que unidades de la policía estatal y del INM habían instalado su dispositivo.
Peor aún, de acuerdo con el padre Solalinde, funcionarios federales amenazaron a los choferes de autobuses con detenerlos por el delito de tráfico de personas si dejaban subir a migrantes indocumentados en sus unidades.
La organización Amnistía Internacional condenó ayer el operativo migratorio que contaba con entre cinco y seis camiones del INM y alrededor de 260 elementos de la Policía Federal. Lo calificó de “ilegal” por violar la ley de migración, criminalizar a la población migrante y no respectar su derecho a la movilidad.
En respuesta, el INM aseveró que sus acciones están “apegadas a ley y a su aplicación”. Precisó que “el dispositivo de seguridad que mantiene el INM con la Policía Federal en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para llevar a cabo operaciones de control y verificación (…) es para salvaguardar la integridad de los extranjeros”.
Agregó que los retenes se encuentran a “más de 10 kilómetros” del albergue y que sus agentes “no poseen ningún tipo de arma”.
Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los gobiernos federal y de Oaxaca a otorgar medidas cautelares para respectar los derechos humanos de “quienes participan en la caravana”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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