González no pudo cumplir su deseo. El 23 de marzo los pobladores de Islay que rechazan el proyecto cuprífero Tía María –la mayor inversión en Perú de SCC, cuyo propietario es Grupo México, de Germán Larrea– iniciaron una huelga indefinida.
Dueña de las minas de Cuajone y Toquepala y de una refinería en Ilo, en el sur peruano, la compañía mexicana anunció en 2007 que destinaría mil 500 millones de dólares (22 mil 630 millones de pesos) para extraer 120 mil toneladas de cobre anuales de Tía María, en el Valle del Tambo, una de las zonas agrícolas más ricas de Arequipa.
Después de ocho años, periodo en el que ocurrieron choques violentos que dejaron tres pobladores muertos y una veintena de heridos de bala, Southern no ha conseguido convencer a los pobladores de los beneficios que supuestamente traerá el proyecto.
Así que, en lugar de festejar, el presidente ejecutivo de SCC enfrenta una escalada del conflicto. Lo que comenzó como una protesta provincial en Islay puede devenir un movimiento de rechazo generalizado por todo el sur del país, además de Arequipa, Tacna y Moquegua, donde se concentran las inversiones de Grupo México.
“No hay nada que negociar con Southern. La empresa minera no puede explotar el proyecto Tía María a costa de nuestra agricultura y de nuestras vidas. El pueblo del Valle del Tambo se ha manifestado con claridad. No quiere a la Southern. La vida de nuestros hijos no es negociable”, declara a Proceso el alcalde distrital de Cocachacra, Helard Valdivia, en cuya jurisdicción está ubicado el proyecto cuprífero.
En la reciente elección de presidentes municipales realizada el pasado 5 de octubre en Islay y en los distritos de Cocachacra, Punta Bombón y Dean Valdivia, ubicados en el área de impacto del desarrollo de Tía María, ganaron los candidatos que se comprometieron a impedir los trabajos de Southern. Valdivia es uno de ellos.
“Soy agricultor. Cultivo arroz, papa, ajo, cebolla. He sido elegido por una población que no desea la explotación minera en el Valle del Tambo. Por eso 90% de la población no quiere a la Southern”, dice.
Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los directivos de Southern es que la construcción del tajo abierto empleará, al menos, a 3 mil trabajadores que podrían obtener una ganancia de 100 soles (33.3 dólares) diarios, contra los 30 soles (10 dólares) que obtiene un peón del campo.
“No se trata sólo de dinero”, alega Valdivia: “Por dinero no vas a convencer al agricultor para que acepte el ingreso de una minera que va a matar sus cultivos”.
Chantaje
Probablemente el fortalecimiento de la protesta contra Tía María –y la posibilidad de perder una inversión de mil 500 millones de dólares– motivó a los directivos de Southern Copper Corporation a protagonizar un episodio que aún no se esclarece.
El pasado 27 de marzo, a las 10 de la mañana –mientras en Islay se registraban escaramuzas entre policías y pobladores que bloqueaban la estratégica carretera Panamericana Sur– en Lima, el gerente de Relaciones Institucionales de la Southern, Julio Morriberón Rosas, soltó una declaración explosiva: la compañía abandonaba Tía María.
Con un papel en la mano, Morriberón leyó lo que parecía ser un comunicado de la compañía. Southern dejaba Tía María, explicó, porque el gobierno del presidente Ollanta Humala no pudo resolver el conflicto social y porque “terroristas antimineros” dirigían las manifestaciones.
“Nos es imposible seguir adelante”, leyó el funcionario de la SCC en Radioprogramas del Perú, una radioemisora nacional de mucha influencia: “Después de evaluar la total politización en el Valle (del Tambo) y la falta de decisión de las autoridades competentes, estoy aquí para anunciar la cancelación del proyecto Tía María y el retiro total de nuestra inversión en la región Arequipa”.
En seguida, Morriberón atacó al gobierno: “Esta cancelación se da por dos razones: primera, la arremetida total de un nuevo terrorismo antiminero llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. Y, segunda, la parálisis del Estado en su rol de promotor de la inversión”.
Los periodistas que escucharon el bombazo noticioso estaban tan sorprendidos por la declaración que le preguntaron al empresario si ésa era la opinión de las máximas autoridades de la compañía, en alusión directa al presidente ejecutivo, González Rocha. “Bueno, a partir de lo que he conversado con la alta dirección de la empresa, es la (opinión) que se va a oficializar ante los órganos pertinentes”, dijo.
Así, el ejecutivo difundió la resolución de su consorcio justo cuando el gobierno de Humala buscaba entenderse con los inconformes –lo que implicó trasladar a la zona de conflicto a los ministros de Medio Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, e Interior, así como promover la intervención del alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Pocas horas después, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, declaró que había conversado con Óscar González Rocha, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos: “Llamé al señor González y le manifesté mi extrañeza por lo dicho por el señor Morriberón, y él también se extrañó, igual que yo. Me pidió las disculpas del caso y me ofreció hacer las rectificaciones correspondientes en las próximas horas”.
Y efectivamente, en torno a las tres de la tarde, Southern publicó un comunicado en el que negó la cancelación de Tía María y precisó que lo expresado por Morriberón “no recoge la voluntad de la compañía”.
En el medio minero es conocido que González Rocha maneja la SCC con firmeza, por lo que resultaba incongruente que un funcionario de la categoría de Morriberón comunicase un acuerdo de tal calado en nombre de la firma. Sin embargo, Morriberón continúa en su puesto, y eso desató las especulaciones en el mundillo empresarial.
Esta revista pidió a González responder preguntas sobre el incidente y sobre el futuro del desarrollo, pero éste prefirió no hacer comentarios.
Para Julio Rojas Julca, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de buscar una salida a las tensiones por Tía María, el amago de cancelación fue inoportuno y contraproducente.
“Un anuncio de ese calibre no lo hace un funcionario cualquiera sin autorización del presidente ejecutivo de la compañía. Creemos que intentaron buscar una forma de presión, pero se dieron cuenta de que se les pasó la mano y rectificaron. Lo cierto es que el anuncio reactivó a los grupos sociales opuestos a Tía María que habían cesado sus protestas y aceptado participar en una Mesa por el Desarrollo, promovida por el gobierno, para resolver sus reclamos. Hemos tenido que comenzar todo de nuevo”, explica en entrevista.
Guión trágico
Rojas Julca se dice particularmente mortificado por la expresión que Morriberón utilizó para referirse a los pobladores que rechazan la explotación de cobre: “terroristas antimineros”. Según el Código Penal peruano, el delito de terrorismo es penado, en función del grado de participación, con un mínimo de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua.
“No se puede tildar de ‘terroristas antimineros’ a personas que legítimamente se oponen a la extracción minera, como los agricultores, quienes temen que sus cultivos resulten afectados por el tajo abierto. Expresiones de ese tipo de ninguna manera contribuyen a resolver el conflicto”, apunta.
Cuando el funcionario de la Southern habló de la “inacción del gobierno” de Humala, repitió un guión empleado por la empresa durante la segunda administración de Alan García.
En 2009, en el distrito de Cocachacra, los pobladores participaron en una consulta sobre la presencia de Southern, en la que 93.4% votó contra el plan. Sin embargo, la compañía consideró que el resultado no era vinculante.
El gobierno de García –caracterizado por flexibilizar las leyes para promover la inversión extranjera, en particular en el ámbito minero, y por reprimir la protesta de los manifestantes– decidió apoyar a Southern no obstante que era notoria la oposición de los agricultores, quienes advertían de la contaminación del agua y de la destrucción de sus cultivos.
El empeño del régimen tuvo un resultado trágico. El 4 de abril de 2011, Andrés Taipe (22 años), y el 7 de abril siguiente, Aurelio Huarcapoma (50 años) y Néstor Cerezo (31 años) fallecieron por balazos que recibieron cuando participaban en manifestaciones contra Tía María, en Islay.
El 8 de abril de aquel año –al día siguiente de la muerte de los dos últimos hombres– el gobierno de García rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Southern había presentado, porque no cumplía con los estándares requeridos.
No importó. Bajo la férrea conducción de González Rocha, SCC insistió. El 18 de septiembre de 2013, durante un foro de empresarios mineros, González informó que Grupo México tenía prevista una inversión de 3 mil 600 millones de dólares. De esa cantidad, 38.8% correspondía a Tía María y lo demás se repartía entre sus minas Cuajone y Toquepala y la refinería de Ilo.
El 4 de agosto de 2014, el presidente ejecutivo de Southern recibió la buena noticia de que el Ministerio de Energía y Minas había aprobado el EIA de Tía María. En lugar de usar el agua de la zona, la minera debería instalar un centro de desalinización de agua de mar y dirigirla al área de extracción del cobre durante 18 años.
El anuncio no cambió la opinión de los alcaldes, agricultores y pobladores de Islay. El exsacerdote Marco Arana Zegarra –líder de la organización de izquierda Tierra y Libertad, y señalado por el gobierno de Humala, los gremios de empresarios mineros y por la SCC como “extremista antiminero”– cuestionó que el Ejecutivo diera luz verde al EIA.
“Southern tiene una larga trayectoria de violaciones medioambientales y ha sido sancionada en varias ocasiones por el Estado peruano. En estos momentos su presidente ejecutivo enfrenta un juicio por contaminación. El gobierno le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, pero eso no representa una licencia social. El pueblo no quiere el proyecto Tía María porque conoce de la trayectoria de Southern. Con o sin EIA, la población rechaza a la compañía minera por sus prácticas contaminantes”, explica a este semanario.
SCC manifestó que no deseaba hacer comentarios al respecto.
Violaciones ambientales
De acuerdo con la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre 2012 y 2014 Southern recibió 10 sanciones firmes por violaciones ecológicas, como no haber impedido la contaminación de restos de concentrado de cobre sobre suelo natural, no haber acatado las recomendaciones de supervisión y gestión ambiental y haber sobrepasado los límites respecto de la disposición de residuos sólidos, entre otras.
Por este tipo de daños González Rocha enfrenta a la justicia. El 15 de enero de este año, la fiscal especializada en Materia Ambiental Ángela Marroquín, basándose en un estudio técnico gubernamental, acusó a Southern de que su refinería de cobre instalada en Ilo (en la región sureña de Moquegua) contaminaba el aire y vertía arsénico al Océano Pacífico, por lo que pidió dos años de cárcel para González.
El juez de la provincia de Ilo, Erly Alejo Cruz, fijó el 3 de febrero como fecha de inicio del proceso, pero el día de la audiencia, la defensa del mexicano comunicó que un juez constitucional de Lima, Ricardo Chang, había emitido pocos días antes, el 27 de enero, medidas cautelares para postergar el juicio. Así que no se ventiló el caso. Lo que busca la minera, asientan sus detractores, es que prescriba el delito atribuido a su presidente.
“Southern es una empresa acostumbrada a este tipo de maniobras para que jueces, fiscales y distintas autoridades, como la Policía Nacional, no la toquen y se coloquen de su lado. Goza de una impresionante impunidad derivada del uso del poder y del dinero. Es eso lo que rechazan los pueblos y las autoridades de Islay. Y a nosotros nos acusan de terroristas antimineros”, abunda Arana.
El miércoles 8, el presidente Humala apoyó abiertamente a la compañía y fustigó a los manifestantes: “(Southern) hizo las cosas bien, y así es como se deben hacer. Nosotros estamos tendiendo los canales de diálogo, esperemos que esto se solucione pronto”.
Y dirigiéndose a organizaciones como el Frente de Defensa del Valle del Tambo y la Junta de Usuarios de Agua del Tambo, que encabezan las protestas, señaló: “No se puede permitir que amedrenten a autoridades y a la gente que no piensa igual que ellos”.
Al cierre de esta edición (jueves 9) corría la versión de que Humala viajaría a Islay para reunirse con los alcaldes inconformes de Islay. El edil del distrito de Cocachacra, Helard Valdivia, adelanta: “Humala no tiene que convencer a los alcaldes. A quienes tiene que convencer es a los pobladores. Y no creo que lo consiga”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁNGEL PÉREZ.
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