Esa era la ilustración auditiva que resumía la importancia de rechazar una ley de ese tipo: la pretensión de uniformidad, de homogenizar los contenidos en medios masivos en función de los intereses de un monopolio mediático o de un monopolio político que, en México, están fusionados.
La Ley Televisa fue aprobada, a pesar de argumentos en contra, protestas y escándalo internacional. La Suprema Corte la desechó un año después, en 2007, porque contenía justamente lo que la protesta del IMER ilustró: el derecho a la información veraz, plural, se contrapone a la uniformidad, a la ley del más fuerte.
Al escuchar la radio matutina en este mes de ausencia de Carmen Aristegui y de su equipo en la primera emisión de MVS Radio, recordé aquella protesta del IMER y la valentía de Beistegui frente al innegable descontento del gobierno de Vicente Fox y la incomodidad de la mayoría de los concesionarios, alineados con los intereses de Televisa.
A nueve años de aquella ley, en la radio comercial mexicana existen muchos noticieros, pero la diversidad de enfoques y contenidos es poca. Tal parece que todos tocan la misma “tonada”, la que quieren desde alguna oficina de un pequeño Hitler, que sueña con el control total, vana y peligrosa pretensión, pero más ofensiva por el silencio que domina en el espectro.
La ausencia del noticiario de Aristegui se siente más por el silenciamiento de asuntos fundamentales de interés público que sólo se leen en algunos medios impresos, en las redes sociales (a las cuales sólo accede menos de 30% de la población) o en comentarios de boca en boca.
No se profundiza sobre la presunta ejecución forzada de 16 personas el 6 de enero de 2015 en Apatzingán; se ignoraron los siete meses de la tragedia de Iguala y la inminente liberación de María de los Ángeles Pineda; las casas de Osorio Chong quedaron en el baúl de un desmentido que no desmiente nada; el discurso de Jorge Ramos en la ceremonia de premiación de la revista Time no fue analizado y menos reproducido; la narcoviolencia en Tamaulipas es minimizada con discursos triunfalistas, y muchos otros asuntos que no son cómodos para la agenda informativa oficial quedan en la mordaza.
Los concesionarios danzan entre el circo y el talk show de las campañas, las entrevistas cómodas y los mensajes inductivos de “nos irá bien aunque la economía ahora esté mal”.
Algunos casos de colegas periodistas y analistas llaman más la atención por la ausencia de resortes de indignación en el gremio de quienes nos dedicamos al oficio de informar.
¿Por qué prevalecen las pequeñas y grandes mezquindades en este escenario de silenciamiento? ¿Por qué no entendemos –como lo entendieron en Francia con el ataque a la revista Charlie Hebdo o en Estados Unidos ante cualquier caso de censura– que la agresión a un equipo informativo se combate no sólo por afinidad o amistad, sino por el más elemental sentido de advertencia y de indignación? ¿Acaso quienes tan acuciosamente minimizan la importancia del litigio entre MVS y Aristegui no vivieron también experiencias de expulsión en otros medios?
A más de un mes del silenciamiento muchos radioescuchas observan con preocupación lo siguiente:
1. Se confirma la metáfora del IMER todas las mañanas cuando no existe un espacio crítico, de calidad informativa, que ocupe el espacio que dejó vacío la primera emisión de Aristegui en MVS.
2. La empresa sigue respondiendo como el implacable capataz que castiga a alguien sin convencer que el tamaño de la sanción es equivalente a la presunta violación. En la versión oficial del rompimiento, MVS no dice que Aristegui mintiera, calumniara o hiciera mal su trabajo. Mucho menos que no tuviera audiencia. Simplemente que violó “la marca” y no se quiso sujetar a unos lineamientos editoriales que alteraban el contrato de sociedad que existía entre ambos y que garantizaba justo lo que ahora no se quiere en la mayoría de los medios electrónicos concesionados: la autonomía editorial del periodista.
3. Lo ideal era una composición donde funcionara el árbitro, José Woldenberg, elegido por ambas partes en un contrato, o el ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, quien realizó observaciones muy puntuales que nadie de la empresa rebatió. Simplemente decidieron ignorarlos. Al hacerlo, mandaron un duro mensaje a sus audiencias y a sus propios trabajadores. Bajo el dictado de la ley del más fuerte, sólo existe una posibilidad: acatar y callar. La pregunta es: ¿Quién impone la “ley del más fuerte en este caso? ¿Es la empresa, el gobierno o un conjunto de intereses alineados?
4. Como en el caso de la Ley Televisa, el diferendo entre Aristegui y MVS no se resolverá por la vía de la conciliación sino de los tribunales. Es un largo camino que presagia una solución nada clara. Aquí no se trata de modificar una contrarreforma legislativa, sino el estado prevaleciente de uso y abuso de las concesiones en perjuicio del derecho a la información y el derecho a las audiencias.
Suena muy abstracto, pero cuando uno enciende la radio en las mañanas, todos los días, confirma que cada día el silenciamiento tiene un objetivo: mandar un nefasto mensaje de ley mordaza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario