De acuerdo con el Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México –realizado por 12 organizaciones civiles– las dietas, presupuestos y gasto legislativo per cápita es diverso e influye poco para que los congresos diseñen los mecanismos que permitan transparentar su labor y establezcan canales eficaces de comunicación con los ciudadanos que representan.
En el ranking con las dietas más altas para legisladores está Jalisco en el primer lugar; Guanajuato, con 107 mil pesos y San Luis Potosí y Zacatecas con 95 mil pesos. En ningún caso se cumplieron con los 10 principios de un Parlamento Abierto.
Tampoco ocurrió con los estados que encabezan el mayor gasto per cápita para mantener a los congresos de los estados, como Baja California Sur, Sonora, Quintana Roo, Campeche y Baja California.
El Congreso de Baja California Sur obtuvo un presupuesto de 175 millones 505 mil pesos durante 2014. Eso quiere decir que los 637 mil 26 habitantes del estado tuvo que aportar 275 pesos, lo que lo convierte en el legislativo más caro per cápita en todo el país.
Esto tampoco lo hace el más transparente, toda vez que incumplió con seis de las 10 variables para considerarlo como “Parlamento Abierto”, según el diagnóstico presentado este lunes 13 de abril.
Se trata de la falta de difusión de la información presupuestal y administrativa, información histórica, datos sobre asistencias y votaciones, accesibilidad y difusión, legislación para evitar el conflicto de interés y a favor del gobierno abierto.
En tanto, sobre participación ciudadana y rendición de cuentas e información sobre legisladores, se considera como “muy insatisfactorio”. Solo cumplió en el aspecto de “derecho a la información”, es decir, ser sujeto obligado conforme a la ley de transparencia.
¿Cómo determinar si el salario de un legislador es mucho o poco? María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa, considera que tendría relación con aspectos como los resultados públicos, la calidad del trabajo e informes de labores, pero “todo eso lo desconocemos, por eso cuando vemos una dieta muy alta y no lo contrastamos con el trabajo que realizan, está descontextualizado”.
Detectaron que solo la Cámara de Diputados y Senadores cumple con 90% de la evaluación, pero la mayoría de los congresos estatales omiten datos sobre su actuación y gastos, lo que impide una fiscalización ciudadana. “Tenemos que aspirar en un parlamento abierto es a poder tener la información de los resultados y el trabajo que realizan”, dice Nava.
De ahí que Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio Legislativo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Impacto Legislativo, OPI, SocialTIC, Sonora Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión Legislativa, integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto analizaron el nivel de transparencia que mantienen los congresos de los estados y las Cámaras de Diputados y Senadores respecto a 10 preceptos básicos.
Se trata del derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; presupuestal y administrativa; sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y no propietarios; accesibilidad y difusión; evitar conflictos de interés; legislación a favor de Gobierno Abierto.
Para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, María Amparo Casar, aunque tengamos uno de los Congresos más caros del continente, pues México se encuentra solo detrás de Brasil, la rendición de cuentas es deficiente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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