Esto es lo que hemos visto en los últimos meses con algunos comentaristas, columnistas y articulistas cuando se han publicado reportajes sobre la opacidad, corrupción y conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.
Resulta preocupante que sean ellos los primeros defensores del gobierno peñista. Antes que cualquier vocero gubernamental, son ellos los que reaccionan defendiéndolos de las publicaciones que han revelado irregularidades, abusos de poder o conflicto de interés como fue el caso del noticiero de Carmen Aristegui con la compra de las casas de Angélica Rivera, esposa del presidente, así como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al contratista Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del jefe del ejecutivo.
Lo mismo que en el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el reportaje publicado en la revista Proceso donde se registra con documentos oficiales cómo ha “rentado” desde que era gobernador de Hidalgo, casas de lujo a su contratista preferido, Carlos Aniano Sosa Velasco. En ambos casos se estarían utilizando recursos públicos para el gasto oneroso de los funcionarios de alto nivel.
Con una postura fuera de su papel social de investigar, analizar o cuestionar a los actores políticos y sociales, estos periodistas han reaccionado de manera impronta más allá de los propios personajes inmersos en los escándalos inmobiliarios o en casos donde se muestra su incapacidad para resolver problemas de justicia como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sociales como las marchas de los maestros o económicas como la falta de empleos, vivienda y salud dignas.
Hacen la labor de voceros y no de periodistas. No hablan de la opacidad en las acciones y decisiones que tienen como funcionarios públicos ante la sociedad y la opinión pública, ni de la obligación de transparentar todas y cada una de sus actuaciones. Tampoco de su compromiso de respetar las leyes. Al contrario, defienden a los funcionarios aludiendo a su derecho de viajar en helicóptero, usar aviones para asuntos particulares, invitar a amigos y familias a giras de trabajo, comprar o rentar propiedades millonarias por el simple hecho de ser funcionarios de gobierno.
En esta defensa ciega, tomando una posición de abogado defensor, estos comentaristas, articulistas o columnistas acusan a la prensa que denuncia los abusos de poder de ser “militante”, de “izquierda”, “rencorosa”, de “consigna”, “sospechosista” y hasta de “farándula política”. Alegan que nada es verdad y que hay una clara campaña de golpear la figura presidencial y al grupo que lo acompaña.
Dicen con soberbia que esta prensa que denuncia ha caído en el pecado del libertinaje de la expresión y defienden a los funcionarios públicos de algunos “pecados” mínimos en su ejercicio de poder.
“La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”, decía José Martí hace ya dos siglos refiriéndose a aquellos que alcanzan una posición privilegiada y se embrutecen en el ejercicio del poder.
“Los cínicos no sirven para este oficio” sostenía por su parte el periodista Ryznard Kapusinsky en uno de sus libros sobre el periodismo hablando de aquellos que dejan su oficio de denuncia y vigilancia de los grupos de poder y se alían con ellos por ideología o privilegios económicos y políticos.
Hace algunos años, cuando el PRI era el grupo hegemónico en el poder, había unos personajes que amenizaban lo actos de gobierno hablando maravillas de los gobernantes. Se les conocía como “jilgueros” y para eso se les pagaba, eran profesionales en la retórica oficialista y no disfrazaban su tarea como defensores de oficio del gobierno en turno.
Hoy estaríamos ante nuevos “jilgueros” que no sólo hablan de las facultades y virtudes maravillosas de la clase gobernante desde los periódicos, la radio y la televisión, sino que los defienden desde un supuesto foro de libertad de expresión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
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