En un punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara alta, los senadores exhortaron a la PGR y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que den un informe sobre el seguimiento que se ha dado a las personas sancionadas y a quienes fueron rescatados del albergue “La Gran Familia”, y sobre si Verduzco continúa con su labor de forma clandestina.
La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y promotora del punto de acuerdo, afirmó que las autoridades deben verificar que Verduzco realmente sea inimputable, como la declaró la PGR, y si continúa con sus actividades en Zamora.
“Se esgrimió que no podía ser procesada porque es una persona que sufre demencia senil, es una persona incapaz y, por lo tanto, no se puede aplicar la ley como debió haber sido.
“Sin embargo, posteriormente encontramos largas entrevistas donde no encontramos, ni por asomo, la posibilidad de que pudiera padecer alguna incapacidad mental. Y ahora estamos ante la situación de que vuelve otra vez a las andanzas y vuelve otra vez a recluir en su casa a personas en situación de vulnerabilidad”, expuso De la Peña.
Reporte Índigo publicó que Rosa del Carmen Verduzco continúa apoyando a quienes fueron “rescatados” por la PGR en el operativo en “La Gran Familia”, y no pudieron insertarse en otros albergues.
Unos 70 adultos de los 138 que fueron liberados por la PGR han vuelto a deambular por las calles de Zamora, en Michoacán, donde en algunos domicilios, “Mamá Rosa” les provee comida.
“La Gran Familia”, el albergue que era manejado por Verduzco, fue intervenido por las autoridades y se detuvo a seis personas, sobre quienes pesan cargos de secuestro y trata de personas.
A “Mamá Rosa” se le consideró inimputable por su avanzada edad y su deteriorado estado de salud, por lo que no se le fincó ninguna responsabilidad y se le dejó en libertad.
De ese albergue fueron rescatados 596 personas: 278 niños, 174 niñas y 138 mayores de edad, que vivían en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y sufrieron abuso psicológico y sexual.
“Es un tema que a todos nos avergüenza, como país, definitivamente nos llevó a ser conocidos en el mundo como un asunto que parecía que ya no existía, sin embargo, comprobamos que más de 500 personas, la mayoría menores de edad, se encontraban en condiciones infrahumanas”, sostuvo De la Peña.
En el punto de acuerdo, los senadores pidieron a la PGR que se les informe sobre el destino de las personas que sí fueron imputadas por cometer un delito, pues consideraron que se trata de actos de delincuencia organizada, por la forma en que actuaban los hoy detenidos.
“El asunto debe ser abordado desde todas las aristas. Desde la óptica de la vulneración de las niñas, los niños y los adolescentes; desde la omisión del estado mexicano para velar por la legalidad, sobreponiendo el principio constitucional del interés superior de la niñez.
“Y porque al parecer la señora Verduzco, quien goza de libertad (…) sigue albergando, de manera irregular, a personas en el domicilio que actualmente ocupa”, expresó en tribuna Irma Zulema Cobián, senadora por el PAN.
Los senadores plantearon la necesidad también de realizar un censo de todos los centros de atención a personas vulnerables en el país para evitar que se susciten nuevas violaciones a los derechos humanos en sedes clandestinas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA
No hay comentarios:
Publicar un comentario