“No es lo mismo que me mate cualquier persona a que me mate el Ejército”: diputada

Contradicciones e impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales de civiles en el Estado de México, señala Loretta Ortíz Ahlf.

El caso de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, está lleno de contradicciones por parte de las autoridades y “lo que se está haciendo es mantener la impunidad, la falta de información nos dice que esto se va a seguir manteniendo en lo oscuro”, afirmó Loretta Ortíz Ahlf, diputada que integró la comisión especial que investigó los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado. 

En entrevista para Aristegui CNN, expuso: “Cuando iniciamos las investigaciones, para coadyuvar a la investigación con esta Comisión especial de Tlatlaya, nos abocamos a tener reuniones”.

Primero se reunieron con el alto comisionado de Naciones Unidas; también con el entonces procurador Jesús Murillo Karam; así mismo con altos mandos de la Sedena, y con personal de la Procuraduría General del Estado de México.

“A  todas las reuniones  nos presentamos con una serie de cuestionamientos, algunos que atendían a respuestas que aún no tenemos, como por ejemplo, lo de la cadena de mando, los que ejecutaron en violación de los derechos humanos, no actuaron por inspiración ni ocurrencia, nunca se nos dio explicación alguna”, apuntó.

La Secretaría de la Defensa Nacional dice que “como ya no tiene jurisdicción, como ya el asunto tenía jurisdicción la procuraduría del Estado de México y luego la de la República (PGR), que no podía dar ninguna información.  Apenas hace una semana, mandaron un informe que es un insulto a la inteligencia, alegan que no tienen que dar información alguna, que son un poder independiente”.

“Dicen que el artículo 116 los exime de dar información. Si esa respuesta se la dan al Congreso, ¿qué será a los ciudadanos, periodistas…?”, preguntó.

“¿Esa independencia los justifica a hacer los actos que realizan, como una ejecución?”, abundó la diputada.

“¿Dónde quedan los derechos humanos y las garantías fundamentales de las víctimas y de toda la sociedad que tiene derecho a la información?, ¿dónde, en la Constitución, se excusa a alguna secretaría o dependencia?“, continuó.

Aseveró que “en el caso de la PGR, tuvimos entrevista con el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Hay contradicción en lo declarado por las dependencias”. 

Murillo dijo “son ocho los que participaron, es una diferencia de ocho a 12, los demás no son responsables”.

“No es lo mismo que me mate cualquier persona a que me mate el Ejército”, sentenció Loretta Ortíz.

Recordó que “En Tlatlaya fueron ejecutadas 15 personas, y  dentro de las contradicciones la PGR , la misma Sedena, dicen que hubo un enfrentamiento y no, fueron ejecutados”.

“Cualquier persona tiene derecho a un debido proceso y debe ser llevado a juicio, aunque haya sido el peor de los criminales”, sostuvo.

Además, “llamó la atención que el secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, en su presentación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que sí, que era una masacre, lo reconoció”.


“Hay certeza de que los de la Sedena tuvieron conocimiento a las 5:45 horas, y según Manzur les notificaron hasta las seis de la mañana, entonces de las seis de la mañana a las 12:30 que se presentan, hubo tiempo suficiente para poder cambiar la escena del crimen, es precisamente  lo que se puntualiza en el informe de la CNDH”, concluyó.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.