Las señales han sido varias y comienzan desde antes de que Peña Nieto ganara las elecciones. Poco antes de la contienda electoral, el colectivo Yosoy132 promovió un tercer debate presidencial al que no asistió Peña argumentando que no existían condiciones de equidad en una clara muestra de cálculo político y de no desear dialogar y enfrentarse a voces críticas como las que organizaron el evento. Pero su ausencia fue capitalizada de otra forma, en lugar de debatir, Peña se reunió con padres de las víctimas de la Guardería ABC. Era útil fotografiarse con las víctimas, mostrar sensibilidad, incluso firmó un compromiso de que en los primeros 100 días de su administración se daría “la resolución total y definitiva del caso”. Es de todos sabido que no se ha resuelto y los padres ya ni siquiera son escuchados.
La perversión de utilizar a las víctimas como herramienta de legitimidad no terminó con el caso de la Guardería ABC, a los pocos días de iniciado su mandato, Peña se reunió con Javier Sicilia en un acto solemne para firmar la Ley de Víctimas. En el acto se comprometió a lograr un México en Paz y mantener un diálogo. La Ley es un fracaso y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas es un elefante blanco que no resuelve prácticamente nada.
Con el objetivo de no hablar de la violencia se ha revictimizado a las víctimas relegándolas fuera del discurso y preocupación oficial. Lo que importa es la percepción no la realidad.
Sin embargo la violencia continúa. El Estado es incapaz de ofrecer seguridad y mantener el control sobre la totalidad del territorio nacional, ni siquiera ha podido ofrecer cifras confiables de asesinados, desaparecidos y desplazados. El descontento crece y la respuesta es una insensibilidad absoluta al malestar generando una ruptura entre sociedad y gobierno. Se intenta generar una narrativa de “verdades únicas”, se desprecia y critica el trabajo de los relatores especiales de Naciones Unidas para la tortura y desaparición forzada, se niegan capacidades al grupo de peritos argentinos en el caso Ayotzinapa, se manifiesta molestia por declaraciones críticas del Papa Francisco, se construye una “verdad histórica” sobre los hechos de Iguala antes de la llegada de los expertos de la CIDH, se desprecia la escasa crítica de la prensa nacional y las denuncias internacionales por los escándalos de corrupción y conflicto de intereses se toman como un problema de credibilidad.
El Ejecutivo pretende resolver de manera cosmética la grave situación del país, la crisis humanitaria y los reclamos por afianzar el estado de derecho: se muestra receptivo, preocupado, sensible, reacciona y hace cambios, todo para que no pase nada. El nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública es un claro ejemplo.
Si la preocupación es la percepción resulta prioritario controlar o de menos dirigir la discusión pública, para ello estorban las voces críticas, el periodismo de investigación, los activistas y los defensores de Derechos Humanos, entre otros. No es casual, de menos es sospechoso, el encarcelamiento de Mireles, la impunidad en los múltiples ataques violentos a la prensa, la inacción de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, la falta de protección a los cada vez más amenazados defensores de Derechos Humanos y periodistas, la criminalización de la protesta, la finalización de colaboraciones editoriales de plumas que abordaban temas de derechos humanos, seguridad, transparencia, y democracia como Miguel Pulido y Ernesto López Portillo, y el evento más mediático por su alcance nacional e internacional el despido de Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores que habían conformado uno de los espacios críticos más importantes del país.
El panorama es sombrío, por una parte una oposición prácticamente nula, un Congreso casi postrado, colocación de personas cercanas al Ejecutivo en puestos claves como la Suprema Corte, intentos por controlar órganos autónomos del Estado y mayor prensa a modo, mientras por otro lado tenemos a la sociedad civil buscando fosas comunes ante un Estado que no responde, llamados a la refundación nacional, campañas de destrucción del voto, ciudadanos suplantando al Estado en materia de seguridad y defensa, desencanto de la democracia, marchas y más marchas, discurso de odio creciente y llamados a la resistencia.
Es necesario tomar distancia y analizar la situación del país y el peligroso intento por reinstaurar formas autoritarias ante una sociedad que ya no es la misma, grupos empresariales que muestran el músculo muy a menudo y el crimen organizado con vínculos con el poder y sectores de la economía.
Quisiera terminar con un hecho que retrata la situación del país. El pasado sábado 28 de marzo en Cuernavaca se realizaron varios actos por el IV aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En uno de ellos se inauguró un espacio de memoria a las víctimas en una plaza céntrica. Tuvimos que esperar varios minutos para iniciar el acto ya que a unos escasos metros, en la misma plaza, se llevaba a cabo un concurso infantil y juvenil de bandas de guerra. Sí, infantil y juvenil de bandas de guerra. Las víctimas debían esperar. La grotesca escena se dio al pie de un asta que no tenía bandera, es decir ante la ausencia del símbolo nacional. Nada más claro que esta escena.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.
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