“El que haya rentado no lo exime de un posible conflicto de interés”, explica Jaqueline Peschard. Para saberlo, dice, deberían contrastarse los contratos de arrendamiento con los precios de mercado. “Si a partir de la relación con el contratista se las dieron más baratas (las rentas), sí podría (haber conflicto de interés)”.
Para Lourdes Morales, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la fórmula que se ha venido repitiendo en este sexenio –contratistas federales de obra que facilitan viviendas a los gobernantes– podría “perfectamente” encajar en la definición de conflicto de interés.
“Merecería una investigación más profunda. En el tema de obras y de la relación sector público-sector privado habría que afinar los mecanismos de seguimiento y de las operaciones que se hacen con funcionarios para evitar conflictos de interés.
“Hay una duda fundada (en el caso de Osorio). Todo esto se podría despejar si da más información. Así se clarificaría si hay conflicto de interés o no. Creo que es un caso grave, como la Casa Blanca es un caso grave y las explicaciones que han dado son muy deficientes. Aquí estamos hablando de una noción básica de rendición de cuentas que no tenemos”, puntualiza Morales.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señala que entre otras cosas el conflicto de interés se puede configurar cuando las acciones de los funcionarios están ligadas a un interés personal secundario.
Fragmento de las entrevistas que se publican en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES/SANTIAGO IGARTUA.
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