De acuerdo a las encuestas de preferencia electoral, en vísperas del inicio de las campañas de los candidatos a diputados federales el PRI está en promedio en una tercera parte de la votación. Sin embargo, tradicionalmente los priistas aparecen sobreestimados en las encuestas, por lo cual puede esperarse que terminen ligeramente debajo de dicha cifra, rondando su mínimo histórico en la votación de diputados, que fue en el 2006, cuando alcanzaron únicamente el 29%.
Por su parte, el PAN aparece en estos momentos con un promedio de alrededor de 26% y, aunque en los últimos dos procesos intermedios (2003 y 2009) también perdió algunos puntos porcentuales entre las encuestas y la jornada electoral, hay que tomar en cuenta que en ambos era el partido en el gobierno y ahora es oposición, lo cual puede modificar dicha tendencia. Esto, aunado a que en 2012 obtuvo 27% de los votos en la elección de diputados, permite suponer que también estará muy cercano a 30% de los sufragios.
Y aunque, salvo algunas excepciones, las encuestas no muestran esta disputa por la conformación del grupo parlamentario más numeroso, es una posibilidad que está abierta cuando todavía faltan ocho semanas para la jornada electoral. La posibilidad crece porque uno de los elementos que seguirá impactando negativamente la intención del voto a favor de los candidatos priistas es la mala imagen y valoración del trabajo del presidente Enrique Peña Nieto y las continuas noticias de dispendios, excesos, uso ilegal de recursos públicos y demás escándalos en los que se involucra a la familia presidencial y a los miembros de su gabinete.
Los retos del PRI para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados todavía son mayores, pues según las encuestas el registro de uno de sus aliados, el Panal, está en riesgo por dos razones fundamentales: una, el mayor porcentaje de votación que se requiere para conservar el registro (3% de la votación, contra el 2% anterior), y el hecho de que en la única elección intermedia en la que ha participado consiguió 3.4%; y dos, porque la presencia pública de este partido se vino abajo con el encarcelamiento de su fundadora, promotora y lideresa, Elba Esther Gordillo. Lo cierto es que las encuestas difieren sobre sus posibilidades de mantener o no su registro.
En estas circunstancias la apuesta del tricolor era fundamentalmente por un fuerte crecimiento de su principal aliado, el Partido Verde Ecologista de México, que algunas encuestas colocan en cifras de doble dígito y hasta disputando el tercer lugar de las preferencias con el PRD. Sin embargo, las más recientes lo ubican más cerca de su porcentaje tradicional, es decir, en alrededor de 6%.
En este caso también es conveniente recordar que tradicionalmente el PVEM se adelanta a todos los partidos políticos e inicia sus campañas con mucha anticipación porque busca llegar muy bien posicionado entre el electorado para las fechas en las que tiene que negociar los convenios de coalición, con lo cual logra ventajas que de otra manera estarían fuera de su alcance. Por lo mismo, los porcentajes de votación que arrojan las encuestas en los meses previos al inicio de las campañas normalmente son sustancialmente superiores a los de la votación que se consiguen en la jornada electoral.
Lo sucedido en este proceso (y de hecho desde antes del inicio del mismo) es una muestra muy clara de la estrategia del PVEM, con la única diferencia de que finalmente le está poniendo un alto a su fraude a la ley. En estas circunstancias es lógico inferir que a pesar de lo que muestren algunas encuestas, su porcentaje de votación oscile entre 6 y 7%, que es lo que ha conseguido en las dos últimas elecciones, en las que los votos de cada partido (aunque participe en coalición) se computan por separado.
Puede darse por sentado que las únicas dos posibilidades reales en estos momentos es que el PRI y sus aliados pierdan la mayoría en la Cámara de Diputados o que los priistas dependan totalmente de los legisladores del PVEM para conseguirla. Y aunque es una realidad que el gobierno ya sacó adelante la mayor parte de las reformas constitucionales y legislativas que le interesaban, la aprobación del presupuesto federal y la revisión de la cuenta pública, dos temas centrales para el Ejecutivo, dependen exclusivamente de la Cámara de Diputados, con lo cual la pérdida de dicha mayoría no es un asunto menor.
La preocupación crece en la medida en que los escándalos de corrupción y conflicto de interés continúen aflorando, pues más temprano que tarde será dicha cámara del Congreso la responsable de revisar el ejercicio presupuestal y, eventualmente –al margen de si se concreta o no el Programa Nacional Anticorrupción—, dependerá de la Auditoría Superior de la Federación, adscrita a esta instancia legislativa. A todo esto hay que agregar que los eventos del último semestre de gobierno deterioraron mucho la imagen del actual gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual mermó sustancialmente su capacidad de negociación con las otras fuerzas políticas.
Todo indica que por cuarto sexenio consecutivo la elección intermedia deja un presidente “lisiado” (Proceso 1706) y, al parecer, la debilidad se acrecienta sexenio tras sexenio. Bien valdría la pena revisar la duración del periodo presidencial y la conveniencia de renovar exactamente a la mitad del mandato una de las cámaras en su totalidad: dos temas que ningún proyecto de reforma política ha contemplado y resultan claves para la gobernabilidad democrática.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
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