Aurora Aguilar Rodríguez, diputada por el PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda, sostuvo que el tema requiere una actuación contundente de las autoridades para evitar que haya impunidad.
Reporte Indigo publicó el martes que empresas distribuidoras de vinos y licores en México importan bebidas con facturas subvaluadas, lo que les permite pagar menos impuestos.
La legisladora expuso que, si bien no existe un precio de referencia para tasar la importación de bebidas alcohólicas –como sí existe para otras industrias, como la del calzado o la textil-, quien declare un valor inferior al real comete un delito.
“Los importadores declaran bajo protesta de decir verdad; al declarar así y no tener un marco de referencia en términos comerciales, pues la autoridad tiene que aceptar la factura como la presenta el importador.
“Pero el SAT tiene la facultad de revisión y supervisión y debe entrar a ver el tema. El importador que declara subvaluación en cualquier artículo, está cometiendo el delito de evasión fiscal y las empresas que están presentado esas facturas tienen que responder ante la autoridad mexicana”, expuso Aguilar.
Con ello, dejan de llegar recursos a programas de prevención de alcoholismo que se financian a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“El despacho aduanero está desde que se presenta la documentación para importar hasta que el producto entra a México legalmente.
“En ese proceso de despacho se tienen que cobrar las cuotas compensatorias, los impuestos especiales cuando apliquen, el IVA, el arancel general y ahí, conforme al valor de la factura, se pagan los impuestos, entre ellos el IEPS, y es lamentable que esos recursos no lleguen para cumplir con programas tan importantes”, consideró Aguilar.
La diputada panista apuntó que los empresarios que realizan estas prácticas ocasionan un daño al fisco y deben ser sancionados por ello “con todo el peso de la ley”.
Herramientas legales
Para Carlos García González, quien ha sido vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana y presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros, Tamaulipas, consideró que el SAT tiene todas las herramientas legales para frenar la subvaluación en las facturas.
“En 2013 en el Congreso aprobamos reformas a Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación para otorgarle al SAT y a la Administración General de Aduanas, los instrumentos jurídicos para combatir de manera más agresiva la evasión del pago de los impuestos.
“En la Ley Aduanera aprobamos la creación por Ley del sistema electrónico aduanero (SEA), por lo que todas las operaciones de comercio exterior se hacen de manera electrónica, así las autoridades aduaneras pueden llevar un rastreo casi en tiempo real y hacer sus revisiones de manera previa al despacho aduanero y posteriormente”, explicó.
El Congreso también facultó a la Administración General de Aduanas para establecer un análisis de riesgo para detectar importaciones fraudulentas.
García González apuntó que el SAT puede cancelar los certificados de sellos digitales para emitir facturas cuando detecte que se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, sanción que podría imponerse a quienes proporcionaron información falsa al fisco.
¿Falta de herramientas?
Lilia Aguilar Gil, diputada por el PT y secretaria de la Comisión de Economía, afirmó que la declaración subvaluada de facturas afecta de forma directa a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lastima al país en todos los índices.
“Tiene un impacto doble; por un lado, afecta directamente al PIB, pero por el otro se comete un fraude a la Ley Hacendaria con la evasión en el pago de impuestos.
“Este caso solo es una muestra de muchísimos productos que están en la misma situación, que son importados ilegalmente al país, que son reportados de esta manera, y forman parte de la economía subterránea o, cuando menos, de una línea económica que no permite tener indicadores económicos adecuados”, dijo en entrevista.
Aguilar sostuvo que la autoridad debe realizar una investigación más profunda para saber si algún funcionario del SAT contribuye a que se cometa este delito o si se trata simplemente de una falta de herramientas que no permitan verificar la veracidad de las declaraciones.
En primera instancia, indicó la legisladora, son las empresas que cometen este fraude las que deben enfrentar a la justicia por cometer un delito que solo busca un beneficio económico sin importar el destino que se da a los recursos públicos que llegan a las arcas nacionales mediante la tributación.
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Reporte Indigo reveló este martes que empresas distribuidoras de vinos y licores importan artículos con facturas subvaluadas, lo que permite pagar menos impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de los que realmente corresponden.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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