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En conferencia de prensa explicó que si el martes el Senado avala ambas reformas, la comisión sesionará el miércoles para aprobar los dictámenes respectivos y, debido a que el periodo ordinario concluye el jueves, se solicitará dispensar los trámites para que el pleno los discuta de inmediato.
Sánchez Camacho expresó que el Congreso no puede retrasar la discusión de una ley de desaparición forzada, porque –refirió- en su informe para México, Human Right Watch reporta la desaparición de 249 personas, de las cuales 149 fueron de forma forzada por servidores públicos federales, estatales y municipales.
También, dijo, legislar en esa materia constituye una deuda del Congreso con los desaparecidos en la llamada guerra sucia, época en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDHS) documentó 532 casos y señaló la responsabilidad del Estado.
“La CNDH concluyó que en 275 de esos casos, las personas fueron víctimas de una detención, interrogatorio y una posible desaparición forzada perpetrada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales”, recordó.
El legislador perredista dijo que con la reforma al artículo 73, para incluir como facultad del Congreso legislar en esa materia, se busca definir que el Estado asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, además de garantizar la seguridad e integridad física de las personas ante hechos delictivos.
Refirió que la ley debe definir como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como por motivos electorales.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ.
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