El nuevo sistema institucional permitirá la coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción y responsabilidades de quienes los cometan o inciten.
Ayer, el Senado dio la aprobación al Sistema que nació en la Cámara de Diputados; esto, aunque la oposición pretendía hacerle cambios para que todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, fueran sujetos de este nuevo Sistema.
“Es un sistema de excepción, en donde el presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley, lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad”, criticó el senador Alejandro Encinas.
Sin embargo, el PAN y el PRD desistieron de los cambios con tal de que la parte medular del Sistema fuera aprobada y enviada a los congresos estatales.
A cambio, ingresaron una iniciativa para eliminar el fuero de todos los servidores públicos, incluido el primer mandatario, para que no haya privilegios de ninguna clase. Esta iniciativa está radicada en las comisiones del Senado.
Todos parejos
En el nuevo SNA se establece un nuevo esquema de sanciones a quienes estén implicados en actos de corrupción y se incluye a los particulares que participen en ellos.
Ahora, no solo los servidores públicos podrán ser sancionados si cometen un acto de corrupción, sino también se podrá castigar a particulares.
Si un particular participa en una falta administrativa grave, se le podrán aplicar sanciones económicas; inhabilitarlo para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y con el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública “o a los entes públicos federales, locales o municipales”.
La investigación será realizada por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control; y serán castigados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus homólogos en los estados.
Se incorpora, además, la extinción de dominio en los casos que se demuestre que hubo enriquecimiento ilícito.
Se aumentó el plazo de prescripción de delitos de corrupción; pasó de tres a siete años.
Además, los servidores públicos deben presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, aunque no tienen obligación de hacerlas públicas.
Fiscalizar recursos de los estados
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedará con mayores facultades para investigar actos de corrupción, realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos estatales.
El punto que detuvo durante semanas la votación del SNA fue la revisión que la Auditoría podría realizar a dinero ejercido por los estados.
En el paso de la iniciativa por San Lázaro, diputados revelaron que varios gobernadores cabildearon para que esta revisión no pudiera hacerse pues, consideraban, atentaba contra el federalismo y la autonomía de cada entidad.
Sin embargo, los legisladores de oposición se opusieron a esta posibilidad y las entidades deberán rendir cuentas sobre esos recursos.
Ahora, la ASF podrá fiscalizar recursos locales que provengan de deuda contraída por los estados, pero que esté garantizada por la Federación.
Además, podrá fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
La ASF podrá ahora realizar auditorías al ejercicio del gasto en el ejercicio fiscal en curso, siempre que sea promovido por denuncias, para sancionar posibles actos irregulares.
Además, la Auditoría podrá imponer sanciones a los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno y a los particulares cuando detecte irregularidades.
La conformación del nuevo Sistema
El peso más importante del nuevo SNA estará en un Comité Coordinador, que será el encargado de establecer los lineamientos de prevención y combate a la corrupción.
En un principio, el PRI impulsaba que este Comité estuviera encabezado por el Presidente de la República y los titulares de los poderes de la Unión y otros funcionarios.
Esto, sin embargo, fue descartado por la oposición, quienes presionaron para que no se propiciara que éstos fueran juez y parte en el combate a la corrupción.
Ahora, el Comité Coordinador estará conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Anticorrupción; la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno; el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Estarán además el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); el Consejo de la Judicatura Federal; y un representante del Comité de Participación Ciudadana –que se conformará con ciudadanos que destaquen por su trabajo a favor de la transparencia-.
Este Comité Coordinador será el encargado de diseñar y promover las políticas de fiscalización y control de recursos públicos, además de aquellas para la prevención y disuasión de la corrupción.
El Comité va a establecer las bases de coordinación con todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno y con los sistemas anticorrupción locales, que se deberán instalar en cada uno de los 32 estados del país.
Una de las limitaciones del Comité será que podrá emitir recomendaciones, pero no vinculantes, a aquellas autoridades que necesiten mejorar la prevención de faltas administrativas.
Además del Comité Coordinador, el SNA instituye que cada uno de los entes públicos tendrán órganos internos de control que estarán encargados de investigar los actos de corrupción que ocurran en esas dependencias.
En el nuevo SNA se especifica que se cambiará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de imponer las sanciones por hechos graves de corrupción, incluyendo el pago de indemnizaciones y sanciones económicas.
El esquema del SNA dicta que en los estados deberán instituirse también tribunales paralelos para cumplir con estas funciones en las entidades.
Al ser un cambio constitucional, el Senado enviará a los congresos estatales el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para su estudio y eventual aprobación.
Una vez que la mitad más uno de los congresos estatales apruebe el nuevo SNA, será enviado al Ejecutivo para su entrada en vigor.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
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