Ni siquiera el gobernador del estado, al que en actos públicos llaman “doctor”, ya que asegura contar con dos posgrados, uno por la Boston University School of Law, que le otorgó el título de “Juris Doctor”, y un segundo en Administración de Empresas en la Harvard University Extension School, tiene reconocimiento oficial de dichos posgrados por parte de la dependencia federal.
Lo único que la SEP reporta al buscar el nombre del mandatario poblano en el padrón del Registro Nacional de Profesionistas es la cédula con número 7731058, que por cierto le fue expedida recién en el año 2012; es decir, un año después de tomar posesión como gobernador, mediante la cual se reconocen sus estudios y la titulación correspondiente en la licenciatura en Economía y Ciencia Política por el Lycoming College de Pensilvania.
Pero ni huella en el sitio oficial del posgrado por el que es nombrado “doctor” en las ceremonias oficiales, como la del 15 de enero de 2014, cuando el gobernador rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso local, o cuando presidió la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y sus homólogos lo saludaban con el título no reconocido.
Una situación, la del mandatario y sus secretarios de gabinete, que podría configurar un delito, ya que de acuerdo con el código penal del estado, en su artículo 258 fracción II, se deberá imponer una pena de dos años de prisión y una multa de 10 a 100 días de salario mínimo al que “sin tener título legal se atribuya el carácter de profesional y ejerza actos propios de la profesión”.
Además, existen antecedentes jurídicos al respecto, como el emitido en la sentencia 493/2006, en la que se plantea, en el razonamiento jurídico que “para la consumación de este delito basta que el acusado se ostente como profesionista sin serlo, ofreciendo sus servicios a quienes depositan en él su confianza creyendo en la autenticidad de su profesión”.
Maestros sin cédula
De los 15 funcionarios que conforman el gabinete estatal poblano –donde por cierto se ignora la equidad de género, pues solo incluye a una mujer como secretaria de Estado–, siete aseguran en su síntesis curricular publicada en las páginas electrónicas gubernamentales contar con maestrías, es decir, casi la mitad.
Uno de ellos, Luis Banck Serrato, actual secretario de Infraestructura y Transporte, anuncia incluso haberse titulado en una institución extranjera, la Universidad de Georgetown.
Otro de ellos, Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública, asegura contar con dos maestrías, la primera en Derechos Humanos y Seguridad Pública, impartida por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), y financiada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la iniciativa Mérida, y de la cual, a decir de la propia institución, aun está en proceso de titulación la única generación egresada; y la segunda en Administración, impartida por la Universidad del Valle de México, de la que no se tiene más datos.
Pero en los dos casos la Secretaría de Educación Pública federal solamente reconoce estudios a nivel licenciatura: Banck Serrato en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Universidad Iberoamericana (folio 2258011), y Rosas Rosas en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (folio 1526173).
Y en el mismo caso, es decir que anuncian maestrías que la SEP no reconoce como concluidas y con número de cédula, están José Antonio Gali López, jefe de la oficina del gobernador; José Luis Soberanes Reyes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y José Mario Márquez Amezcua, encargado de despacho de la Secretaría de Salud.
En ninguno de los tres casos la página web que hace público el Registro Nacional de Profesionistas y que alimenta la Dirección General de Profesiones (DGP), adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior (SES), y que se “actualiza con la operación diaria de la DGP”, ofrece información sobre maestría alguna; solo se reportan licenciaturas.
Gali López en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (folio 5799684); Soberanes Reyes, en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) (folio 0222448); Márquez Amezcua, egresado de la facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara –y que ya ocupó cargos en la Secretaría de Salud de Jalisco.
Aunque el caso que más llama la atención es el de Antonio Argüelles Díaz González, quien tras su paso en la dirección del sistema Conalep, y quien carga consigo la fama de haber cruzado a nado el Canal de La Mancha, no aparecen sus registros de estudios concluidos en la página electrónica de referencia.
Así, de los siete funcionarios morenovallistas que presumen contar con estudios por encima de la licenciatura, solo dos están registrados formalmente en la SEP; Heriberto Castillo Miranda, quien concluyó la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana y cuya cédula le fue expedida el año pasado (folio 8660643), y Malcolm Hemmer, quien cuenta con dos maestrías, una otorgada por la Universidad de Sonora (folio 4057538) y la segunda otorgada por la Universidad Marista (folio 5237297), ambas en Administración.
“Dígame licenciado”
El resto del gabinete, es decir los siete funcionarios restantes, reconoce contar con licenciatura como grado académico demostrable –solo uno de ellos es egresado de una universidad pública poblana–, y todos ellos están registrados en la SEP con número de cédula y titulación de la carrera anunciada en su síntesis curricular:
Jorge Benito Cruz Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, licenciado en Derecho por la UNAM (folio 2629536).
Víctor Antonio Carrancá Bourget, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental (folio: 1099001).
Roberto Antonio Trauwitz, secretario de Turismo, licenciado en Economía por el Itesm (folio 2887843).
Héctor Antonio Alcudia Goya, director de Puebla Comunicaciones, licenciado en economía por el ITAM (folio 7019841).
Roberto Rivero Trewartha, actual secretario de Finanzas y Administración, licenciado en Relaciones Industriales en la Anáhuac Sur, recién en 2014 recibió su cédula profesional (folio 09071962), es decir que fue secretario de Salud y director del ISSSTEP sin haber concluido su proceso de titulación.
Cristina González Medina, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho (folio 6166270).
Rodrigo Riestra Piña, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (folio 5552972).
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: ERNESTO AROCHE.
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